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El caso ANDGE llega a los tribunales con millones retenidos a los trabajadores
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El caso ANDGE ya no está solo en el terreno de las denuncias. Ha entrado en fase judicial con una querella de la Fiscalía por presunta malversación, abuso de funciones, fraude a la Seguridad Social, cobros indebidos y prevaricación.
En el centro aparece Claudio Vázquez Elo Nve, director general de la Agencia Nacional de Desarrollo de Guinea Ecuatorial, señalado por la Fiscalía como principal investigado. También figura Lucas Ntutumu Bibang Andeme, considerado cooperador necesario en varias de las operaciones bajo sospecha.
El dato más grave está en el origen del dinero. Según la acusación, durante años se habrían descontado cotizaciones de las nóminas de los trabajadores sin ingresarlas en el INSESO. Es decir, empleados que creían estar cubiertos por la Seguridad Social descubrieron, al acudir a reclamar sus derechos, que el dinero no había llegado donde debía.
AhoraEG cifra el perjuicio investigado en más de 407 millones de francos CFA. La Fiscalía, por su parte, llegó a hablar de 431.906.580 FCFA presuntamente desviados en una entidad paraestatal que debía servir al desarrollo del país, no al beneficio privado de sus responsables.
La querella también apunta a otros frentes, sobrefacturación en el mantenimiento de la página web institucional, contratos de suministro presuntamente irregulares, fondos destinados a billetes de avión, compra de vehículo con supuesto sobreprecio y retención fraudulenta de haberes de empleados.
El caso ha dado otro giro después de que el juez de Instrucción nº 3 de Malabo decidiera apartarse voluntariamente del procedimiento. Según el auto citado por AhoraEG, la decisión busca preservar la apariencia de imparcialidad tras un incidente anterior con el principal investigado. La causa queda ahora en manos de la Audiencia Provincial, que deberá designar un juez especial.
El régimen intentará venderlo como prueba de que la lucha contra la corrupción funciona. Pero el verdadero escándalo es que los trabajadores tengan que descubrir por su cuenta que sus cotizaciones no fueron ingresadas. Normalmente, eso no dependería de una rueda de prensa ni de una operación política de última hora.
La pregunta obligada es, ¿habrá justicia para los empleados o solo otro expediente usado para sacrificar a unos y proteger a otros?
Si se confirma que ANDGE retuvo dinero de los trabajadores y no lo ingresó al INSESO, el caso no sería solo corrupción administrativa. Sería un golpe directo contra personas que confiaban en tener protección sanitaria, jubilación y derechos laborales.
No más anuncios teatrales contra la corrupción. El dinero retenido ha de volver a donde corresponde, que los responsables respondan y que los trabajadores dejen de ser la carne de cañón de un sistema que siempre cobra arriba y abandona abajo.
