Del 7M a Bome, la misma negligencia militar vuelve a matar civiles

La muerte de un niño de 12 años, alcanzado por un obús rebotado durante maniobras militares en las inmediaciones de Bome, devuelve a Guinea Ecuatorial a la sombra del 7M, mientras el helicóptero Z-9 sigue desaparecido dos semanas después y el régimen presume de músculo militar bajo influencia rusa.

Un niño de 12 años ha muerto en las inmediaciones de Bome tras ser alcanzado por un obús rebotado durante maniobras militares. Su muerte no es un incidente aislado ni una fatalidad inevitable. Es la consecuencia brutal de una negligencia conocida, repetida y protegida por el silencio del poder.

Guinea Ecuatorial ya vivió una advertencia devastadora el 7 de marzo de 2021, cuando las explosiones del cuartel de Nkuantoma arrasaron barrios enteros de Bata, dejaron cientos de muertos, heridos, familias rotas y una ciudad marcada por el miedo. Entonces, el régimen prometió revisar, ordenar y corregir. Teodorin habló de reorganización militar y de protección de la población civil.

Nada esencial cambió.

Cinco años después, otro hecho militar vuelve a golpear a civiles. Esta vez no fue una cadena de explosiones en un cuartel. Fue un proyectil salido de unas maniobras. El escenario cambia, pero la raíz es la misma, armas mal gestionadas, mandos sin rendición de cuentas, ejercicios sin garantías suficientes y una población obligada a convivir con el peligro que produce el propio Estado.

El menor de Bome no estaba en una guerra. No estaba en un frente. No era combatiente. Era un niño. Esa verdad basta para desmontar toda la propaganda que Malabo vende como defensa nacional, cooperación estratégica o modernización de las Fuerzas Armadas.

Cuando un obús rebota y acaba segando la vida de un menor, hay responsabilidad. Alguien autorizó esas maniobras. Alguien eligió el lugar. Alguien permitió el uso de ese material. Alguien debía garantizar que ningún civil quedara expuesto. Y alguien debe responder ante la familia.

El régimen no puede esconderse detrás del uniforme ni reducir la muerte de un niño a un “incidente”. El 7M ya demostró que la mala gestión militar mata. Bome confirma que aquella lección fue enterrada bajo visitas oficiales, promesas vacías y comunicados de ocasión.

La tragedia llega en un momento especialmente grave. Guinea Ecuatorial está cada vez más expuesta a una lógica militar extranjera, opaca y diseñada para blindar al poder, no para proteger al ciudadano. Rusia no ha llegado para cuidar al pueblo guineoecuatoriano. Ha llegado para reforzar la seguridad del régimen, «formar tropas«, consolidar la protección de la familia gobernante y ganar influencia estratégica en el Golfo de Guinea.

Reuters informó en noviembre de 2024 del despliegue de hasta 200 instructores militares rusos para proteger la Presidencia y entrenar guardias de élite en Malabo y Bata. La propia propaganda oficial ya había reconocido acuerdos para desplazar instructores rusos al país. Después, El País situó a Africa Corps, heredero del entramado Wagner, dentro del mapa de expansión rusa en África, incluyendo Guinea Ecuatorial.

Donde debería haber hospitales, justicia y escuelas, el régimen exhibe uniformes, instructores, maniobras y propaganda de fuerza. Donde debería haber transparencia, impone silencio. Donde debería haber responsabilidad, protege la impunidad.

Bome tampoco llega solo. El país sigue pendiente del helicóptero militar Z-9 desaparecido en la Región Continental con tripulantes a bordo. Dos semanas después, el aparato continúa sin aparecer. El Gobierno ha movilizado efectivos, ha recurrido a la brujería, ha reorganizado el operativo y ha recurrido a apoyos externos, pero las familias siguen sin una respuesta clara.

Un Estado que no encuentra su propio helicóptero y permite que unas maniobras maten a un niño no puede seguir hablando de defensa nacional como si nada hubiera pasado. La defensa nacional protege vidas. La seguridad del régimen protege palacios. Guinea Ecuatorial está atrapada en esa diferencia.

Del 7M a Bome hay una línea de continuidad que el poder pretende ocultar. Instalaciones militares mal controladas, munición manejada con irresponsabilidad, zonas civiles expuestas, mandos que no rinden cuentas y víctimas sepultadas por el discurso oficial. La misma “continuidad” que el régimen convirtió en eslogan durante sus últimas elecciones falseadas, en complicidad con una dicente oposición, aparece ahora como una cadena de tragedias.

El régimen ha aprendido a convertir cada desastre en ceremonia. Primero llegan los comunicados. Después las visitas. Luego las promesas. Más tarde, el silencio. Así ocurrió tras el 7M. Así ocurre con el Z-9. Y así quieren que ocurra ahora con el niño muerto en Bome.

Pero esta muerte no puede quedar reducida a una nota de condolencia. La familia tiene derecho a saber quién disparó, quién autorizó, quién supervisó, qué protocolo se aplicó y por qué un proyectil militar terminó segando la vida de un menor. El país también tiene derecho a saber qué papel tienen los instructores extranjeros en esas maniobras, qué zonas se usan para ejercicios armados y qué garantías reales existen para la población civil.

Ni Rusia ni el régimen pagan el precio inmediato de esta militarización. Lo paga la población. Lo pagan los soldados rasos enviados a operaciones mal explicadas. Lo pagan los técnicos que desaparecen en aeronaves sin respuesta. Lo pagan los vecinos de las zonas donde se realizan ejercicios militares. Lo pagan las familias que ven salir a sus hijos de casa y los reciben después como víctimas de un Estado irresponsable.

Guinea Ecuatorial no necesita convertirse en protectorado militar de nadie. Necesita instituciones que respondan ante el pueblo. Necesita un ejército profesional al servicio de la nación, no de una familia. Necesita transparencia sobre cada acuerdo firmado con potencias extranjeras. Y necesita que la vida de un niño valga más que la foto de un general ruso, más que el orgullo herido de un vicepresidente de facto y más que la propaganda de una dictadura envejecida.

Del 7M a Bome, pasando por el Z-9, el patrón es el mismo. No hay defensa nacional cuando el pueblo queda expuesto. No hay cooperación honorable cuando las maniobras siembran miedo. No hay seguridad del Estado cuando un menor muere por un proyectil y el poder pretende seguir desfilando como si la tragedia no le perteneciera.

Esta vez, el precio de la negligencia militar lo ha pagado un niño, de tan solo 12 años.