La auditoría del Poder Judicial destapa otro agujero millonario en la justicia de Obiang

La auditoría del Poder Judicial ha dejado al régimen de Teodoro Obiang ante una de sus contradicciones más delicadas, la institución llamada a impartir justicia aparece ahora señalada por abuso de poder, malversación, apropiación indebida y un desvío superior a los 600 millones de francos CFA.

Según la versión del régimen, el informe final fue presentado al vicepresidente de su padre en el Palacio del Pueblo. La investigación atribuye las irregularidades a la gestión de Francisco Evuy Nguema Mikue, presidente de la Corte Suprema de Justicia y máxima figura del Poder Judicial.

El informe habla de mala gestión de cuentas bancarias, deficiencias en la administración económica, problemas en las nóminas y uso arbitrario de la caja chica. También señala alrededor de 370 millones de francos CFA sin justificar desde la Presidencia del Poder Judicial.

El dato más grave no está solo en la cifra. Está en el método. La auditoría sostiene que la Corte Suprema habría asumido la ejecución de sentencias de distintos juzgados del país, una función que no le correspondía. Muchas de esas ejecuciones, según la misma versión, no fueron liquidadas completamente.

Para controlar ese circuito, se habrían anulado cuentas de órganos jurisdiccionales y abierto una cuenta única bajo el control de la Presidencia del Poder Judicial. En otras palabras: la justicia, ya sometida políticamente, habría terminado también centralizada financieramente en una sola mano.

El régimen intenta presentar el caso como una operación de limpieza. Pero el problema es más profundo. En Guinea Ecuatorial, la corrupción no escandaliza solo por las cantidades. Escandaliza porque casi nunca tiene consecuencias reales. Los nombres salen, las cifras circulan, los expedientes se anuncian y, al final, muchos responsables siguen viviendo como si el Estado fuera una finca privada.

La comisión recomienda que cada órgano jurisdiccional recupere sus competencias y vuelva a manejar sus propias cuentas. También pide justificar más de 300 millones de francos CFA pendientes y remitir a las instancias competentes el expediente de Hilario Ballovera Casaña, señalado por quedarse con parte del dinero de una sentencia favorable a antiguos empleados de Algoa.

La pregunta vuelve a ser la de siempre: ¿habrá justicia o solo escarmiento selectivo? Porque si el Poder Judicial se convierte en otro foco de saqueo, el ciudadano queda doblemente indefenso. Primero le roban los recursos públicos. Después le roban la institución que debería protegerlo.

Obiang y su hijo pueden llenar los comunicados de palabras como auditoría, transparencia y responsabilidad. Pero ninguna limpieza será creíble mientras los informes completos no se publiquen, los implicados no respondan ante jueces independientes y el dinero no regrese a donde pertenece.

La auditoría del Poder Judicial no solo deja al descubierto una caja presuntamente saqueada, sino que desnuda un sistema en el que incluso la justicia necesita ser investigada por corrupción.