INSESO, el saqueo que no cabe en un solo culpable

Según un manifiesto de denuncia remitido junto a varios documentos sobre la gestión del Instituto Nacional de Seguridad Social, lo que aflora hoy en el INSESO no sería una desviación puntual ni la obra aislada de un solo responsable, sino la expresión de un sistema de presuntas irregularidades instalado durante años en el corazón mismo de una institución creada para proteger a los trabajadores guineoecuatorianos.

La documentación aportada no deja espacio para la ingenuidad. En su primera página aparece un cuadro de gastos contractuales correspondiente a 2023 que enumera 35 empresas y fija un volumen total de 830.693.371 francos CFA mensuales, es decir, 9.968.320.452 francos CFA anuales. Entre las firmas citadas figuran Inner Spirit, Obymer SL, TH Ltd, Monymart SL, Brigada Cubana, Serimac SL, Enage y Tige SL. No se trata de calderilla administrativa ni de un simple desorden contable; son cifras de una dimensión tal que obligan a preguntarse quién contrató, quién autorizó, quién cobró y quién protegió el circuito.

El texto adjunto al cuadro sitúa el origen del problema en la transformación del modelo de gestión del instituto. Sostiene que hubo una etapa en la que predominaba una estructura más internalizada y que, posteriormente, la externalización masiva de servicios abrió la puerta a un drenaje sistemático de recursos públicos. En ese relato, el INSESO dejó de funcionar como organismo de protección social para convertirse, según la denuncia, en una maquinaria útil al enriquecimiento privado de una minoría bien conectada.

Ahí es donde el manifiesto rompe con la versión cómoda que ahora se intenta vender. Sus autores denuncian que la presión pública se está concentrando sobre un nombre concreto mientras otros responsables presuntamente centrales en la trama continúan envueltos en una protección llamativa. El escrito señala expresamente a Maripaz Ayaba Ona Mba, presentada como interventora general y jefa de las finanzas del instituto, y a Benito Edu Ngomo, por su etapa al frente del Consejo de Administración. La acusación es clara, si se investiga el saqueo, no puede hacerse a medias ni con lista selectiva de intocables.

Desde esta página, no se ha podido verificar de manera independiente cada una de las imputaciones contenidas en ese manifiesto, pero sí puede constatar que el documento no habla de errores administrativos menores, sino de una red de intereses, de contratos y de coberturas internas que habría operado con continuidad. Ese matiz importa. Porque una cosa es castigar a un rostro caído en desgracia y otra muy distinta desmontar el mecanismo que permitió que el dinero de la seguridad social circulara durante tanto tiempo como si no perteneciera a los asegurados, sino a los dueños de la finca.

El manifiesto introduce además una cuestión que golpea directamente la credibilidad del aparato contable del instituto. ¿Dónde queda la responsabilidad de Pedro Ondo Nguema, señalado en el escrito como jefe contable nacional? Los denunciantes sostienen que resulta inverosímil que operaciones de esa envergadura hayan pasado inadvertidas dentro de la cadena de control. La pregunta no es menor, ni técnica, ni burocrática. Es la pregunta que cualquiera se hace cuando ve desfilar millones en contratos y comprueba que al final nadie vio nada, nadie supo nada y nadie firmó nada, salvo cuando toca buscar un cabeza de turco.

Entre las exigencias centrales del documento figura la publicación íntegra del informe de auditoría realizado por Deloitte, que abarcaría desde noviembre de 2021 hasta diciembre de 2024. Los firmantes reclaman también la fiscalización total de las partidas presupuestarias y de los gastos operativos autorizados durante el periodo bajo sospecha, así como la identificación de los beneficiarios reales de los contratos suscritos. Es una exigencia elemental en cualquier Estado que no trate el dinero público como botín privado. En Guinea Ecuatorial, sin embargo, pedir transparencia sigue sonando casi a insolencia porque el régimen ha convertido la opacidad en norma y la rendición de cuentas en excepción.

La denuncia añade un elemento tan concreto como incómodo, la exigencia de devolución de un Toyota Land Cruiser matrícula WN-011-AP, descrito como bien patrimonial del instituto que no habría sido restituido. Ese detalle rebaja de golpe cualquier intento de presentar la polémica como una simple pelea interna entre facciones administrativas. Cuando una institución pública pierde el control hasta de sus propios bienes, ya no estamos ante un problema de imagen ni ante una “mala gestión” de las que luego se corrigen con un comunicado oficial. Estamos ante un modo de operar.

En las páginas finales del texto, los autores reclaman publicidad total de los contratos, igualdad ante la ley e identificación de los cómplices ocultos que habrían drenado los fondos destinados a la seguridad social. La idea de fondo es brutal; si ya hubo transparencia para exhibir a unos, no existe justificación moral ni legal para blindar a otros. Y esa frase, en Guinea Ecuatorial, suena casi revolucionaria porque cuestiona la costumbre del poder de decidir quién cae, quién calla y quién sigue disfrutando de lo sustraído detrás de una puerta oficial.

El problema del INSESO no es solo económico. Es político, institucional y moral. Lo que se ha administrado como si fuera una caja sin dueño pertenece en realidad a trabajadores, pensionistas y familias enteras que dependen de un sistema de protección ya castigado por la arbitrariedad y el abandono. Por eso el intento de reducir todo este escándalo a un solo responsable no solo sería insuficiente: sería otra forma de encubrimiento. Porque cuando el saqueo se organiza desde dentro, la justicia que elige a un único culpable no limpia nada; simplemente redistribuye el miedo y preserva a los de siempre.

Si el régimen quiere convencer a alguien de que esta vez va en serio, tendrá que hacer algo más que montar el habitual teatro del castigo selectivo. Tendrá que abrir los contratos, publicar la auditoría, rastrear beneficiarios, recuperar los bienes y tocar a todos los nombres que aparecen en la ruta del dinero, no solo al que hoy conviene sacrificar. Lo demás será basura con uniforme, escándalo administrado y justicia a la carta. Y de eso, en Guinea Ecuatorial, ya vamos muy sobrados.