La resolución del delegado de Bata que culpó a una finca de “encontrar” a las cabras

Según la documentación remitida a Radio Macuto, una reclamación administrativa por 88,2 millones de francos CFA por daños en una finca agrícola de Yengue fue rechazada por la Delegación de Gobierno de Bata-Litoral mediante una resolución fechada el 10 de noviembre de 2020. El afectado denuncia que aquella decisión respondió a un presunto soborno de 400.000 francos CFA y sostiene que el expediente revela arbitrariedad, abuso de poder y posible corrupción administrativa.

Los papeles examinados por este medio permiten reconstruir un expediente que va mucho más allá de una simple disputa vecinal. Lo que aparece en la documentación es el recorrido de un ciudadano que intentó agotar la vía administrativa tras denunciar la destrucción de su finca y terminó topándose con una resolución oficial cuyo contenido, por sí solo, retrata el hundimiento institucional que padecen tantos guineoecuatorianos cuando buscan justicia fuera de los círculos de influencia.

La demanda fue presentada el 26 de octubre de 2020 por Santiago Eseka Endje ante el delegado de Gobierno de Río Campo en Bata. En ese escrito reclamaba 88.200.000 francos CFA, además de daños y perjuicios, contra Salvador Iyanga, alias «Mansueto«, a quien atribuía la destrucción de una hectárea destinada a la producción de tomates en el consejo de poblado de Yengue, afecto al municipio de Río Campo.

Según la demanda, el proyecto agrícola no había surgido de improviso ni en terreno conflictivo. El afectado sostenía que su actividad venía desarrollándose desde años atrás y que, tras reforzar la parte técnica de la explotación, comenzaron los problemas con los animales del vecino. En su relato, aseguró haber acudido primero al jefe tradicional y después al presidente del consejo del poblado para pedir que se obligara al propietario de las cabras y ovejas a encerrarlas. También afirmó haber tratado directamente con Mansueto, sin obtener solución alguna.

Siempre según el escrito remitido a Radio Macuto, las advertencias fueron ignoradas y el perjuicio terminó consumándose. La demanda sostiene que los animales invadieron la finca hasta arrasar por completo la hectárea preparada para la producción de tomate. A partir de ahí, el afectado calculó el daño económico sobre la base del rendimiento esperado de la explotación. En los fundamentos del escrito se afirma que una hectárea podía producir 98 toneladas de tomate y que, descontando un 10% por posibles desgastes, quedarían 88,2 toneladas, equivalentes a 88.200 kilos. Tomando como referencia un precio de 1.000 francos CFA por kilo, fijó así la reclamación principal en 88.200.000 francos CFA.

Hasta ese punto, el caso retrataba la situación habitual del pequeño productor que advierte, insiste, reclama y acaba perdiéndolo todo mientras la autoridad local se limita a mirar o a contemporizar. Pero lo más grave llegó con la respuesta administrativa.

La Resolución dictada por la Delegación de Gobierno de Bata-Litoral el 10 de noviembre de 2020 desestimó en toda su extensión la denuncia. El documento sostiene que las pruebas practicadas habrían permitido concluir que las fotografías aportadas por la parte actora no correspondían a la finca reclamada, sino a otra anterior, y que el proyecto por el que exigía indemnización ni siquiera llegó a funcionar.

Lo demoledor es que la resolución no se conforma con rechazar la versión del denunciante, sino que entra de lleno en el terreno del disparate. En su parte dispositiva, la Delegación de Gobierno afirma que, cuando alguien quiera hacer un proyecto de ese tipo, debe buscar “un bosque que está a una distancia de 100 metros del Pueblo”, y remata con una frase que figura negro sobre blanco en el documento oficial: “el proyecto es el que encontró a las cabras”.

No es una exageración retórica del afectado. Es la literalidad de una resolución administrativa. Dicho de otro modo, un ciudadano denuncia que los animales de otro irrumpieron en su finca y destruyeron su medio de vida, y la autoridad responde sugiriendo que el problema fue la propia finca por existir donde estaban las cabras. Esa inversión grotesca de la lógica no sólo degrada el expediente. También convierte la resolución en una pieza reveladora del desprecio con que muchas administraciones tratan al ciudadano sin padrino.

Extracto de la resolución administrativa examinada por Radio Macuto. Se han ocultado datos no necesarios. El documento desestima la reclamación y llega a sostener que “el proyecto es el que encontró a las cabras”

Para el afectado, aquella decisión no puede entenderse sólo como una mala valoración del expediente. Según explicó, «la parte demandada no compareció el día de la vista, no presentó escrito de contestación y tampoco envió representante legal con poderes«, pese a lo cual la resolución recoge una narrativa favorable a la parte pasiva. A su juicio, esa circunstancia refuerza la sospecha de que el desenlace ya estaba decidido antes de la resolución.

La acusación más grave formulada por el denunciante apunta a un presunto pago de 400.000 francos CFA. Según su testimonio, tiempo después supo que un joven llamado Vicente, a quien identifica como sobrino de Mansueto, habría confesado haber entregado ese dinero al delegado titular de Bata para obtener una resolución favorable. El afectado asegura que esa supuesta confesión fue comentada en el taller de Pascal, en Newton, y que fue este último quien se lo trasladó. Recogemos esta parte como denuncia del afectado, ya que ese presunto pago no figura acreditado en la documentación examinada por este medio.

Lo que sí queda acreditado por los documentos es algo ya suficientemente grave; un ciudadano presentó una reclamación formal por daños, intentó agotar la vía administrativa y recibió una resolución cuyo razonamiento parece más una burla escrita con sello oficial que un acto serio de justicia. No estamos ante un simple conflicto de vecindad mal resuelto. Estamos ante un expediente que muestra hasta qué punto el papel oficial puede usarse para blindar la arbitrariedad cuando el perjudicado carece de influencia, dinero o protección política.

La resolución examinada no sólo rechaza una indemnización millonaria. También lanza un mensaje demoledor a cualquier víctima de abusos administrativos; que incluso cuando el ciudadano documenta, reclama y sigue el cauce legal, puede acabar siendo tratado como culpable del daño que denuncia. Esa es una de las formas más corrosivas de corrupción institucional, porque no siempre necesita una confesión ni una grabación. A veces se delata sola en la obscenidad del argumento.

Este caso no retrata únicamente el drama de una finca arrasada. Retrata una enfermedad más amplia, la de un aparato administrativo que demasiadas veces actúa no como árbitro, sino como extensión del caciquismo local, del compadreo y del abuso de poder. Y cuando eso ocurre, la víctima no sólo pierde su cosecha o su inversión. Pierde también la confianza en que denunciar sirva para algo.

Por eso esta publicación no debe leerse sólo como la exposición de una resolución absurda. También debe entenderse como una señal para quienes han sufrido atropellos parecidos. Las víctimas de extorsión institucional, corrupción local, decisiones arbitrarias o abusos administrativos tienen derecho a hablar y a documentar lo que les ocurrió. Quien disponga de resoluciones, audios, mensajes, citaciones, fotografías o testimonios verificables puede hacerlos llegar a nuestra página que, es la vuestra. En un sistema acostumbrado a que el miedo cierre bocas, cada expediente que sale a la luz ayuda a romper la rutina de la impunidad.