Malabo descubre, a sabiendas, presos que siguen encarcelados tras cumplir sus condenas

Detrás de los muros siniestros de la cárcel pública de Malabo, el régimen de Teodoro Obiang ha terminado reconociendo lo impensable; hay ciudadanos que continúan entre rejas pese a haber cumplido ya sus condenas. Este macabro “hallazgo” de una comisión judicial no es un simple error administrativo, sino la radiografía de un sistema judicial donde la libertad depende del desorden institucional, la negligencia y el desprecio por los derechos humanos.

Por OLBIF

El espectáculo es tan desolador como inquietante. El miércoles 11 de marzo de 2026, una delegación de funcionarios, armados con listas y bolígrafos, recorrió los pasillos del centro penitenciario de Malabo. Al frente iba Simón Ngomo Mibuy, presidente del tribunal provincial de Bioko y Annobón. Según informó el medio digital afín al régimen Ahora EG, la comisión judicial revisó la situación de 181 reclusos. Lo que debía ser un ejercicio rutinario terminó convirtiéndose en una confesión involuntaria del fracaso de lo que el poder todavía pretende presentar como un “Estado de derecho”.

La inspección reveló casos de presos que ya habían cumplido la totalidad de su condena o incluso habían superado el tiempo de prisión fijado por sentencia. En cualquier país donde la justicia funcione con un mínimo de rigor, una constatación de este tipo provocaría dimisiones inmediatas, investigaciones internas y un escándalo institucional. En Guinea Ecuatorial, sin embargo, el descubrimiento se presenta como si se tratara de una simple actualización de registros.

Cada preso fue llamado uno por uno para verificar su expediente, delito, duración de la pena y fecha de ingreso. Fue entonces cuando apareció la realidad que el sistema prefiere ocultar; algunos no deberían seguir encarcelados. Personas que ya han cumplido su condena continúan privadas de libertad porque un expediente quedó olvidado, porque un funcionario no tramitó un documento o porque la maquinaria judicial funciona con un nivel de negligencia que convierte la privación de libertad en un acto arbitrario.

La revisión también sacó a relucir la variedad de delitos presentes en el centro penitenciario; homicidios, violaciones, robos, tráfico de drogas y malversación de fondos públicos. Entre los expedientes examinados figuran los de seis condenados en el conocido caso Hacienda, así como el del antiguo delegado nacional implicado en el caso INSESO.

Mientras algunos ejecutores de menor rango cumplen penas de entre tres y ocho años, los verdaderos arquitectos del saqueo sistemático del país, miembros del aparato del poder y de su círculo de protección política, continúan disfrutando de una impunidad absoluta. El sistema judicial funciona así como un mecanismo selectivo que castiga a unos pocos para mantener la apariencia de lucha contra la corrupción, mientras los responsables más poderosos permanecen intocables.

La comisión, integrada por jueces de instrucción y fiscales, asegura que estas inspecciones buscan garantizar la correcta administración de justicia. Sin embargo, el simple hecho de descubrir en 2026 que hay personas retenidas ilegalmente en prisión revela el profundo desorden que caracteriza al sistema penitenciario y judicial del país.

Black Beach, donde se mezclan condenas que van desde tres meses hasta treinta años, se ha convertido en el reflejo de una gestión institucional caótica. Las autoridades prometen ahora una revisión más rigurosa de los expedientes y una mejor planificación de los procesos judiciales. Pero el problema no se limita a un fallo administrativo, es la consecuencia de un sistema donde el derecho ha dejado de ser una garantía para convertirse en un instrumento de control.

La libertad no debería depender de una inspección ocasional ni del azar burocrático. Mientras el aparato judicial siga sometido al poder político y a la lógica de la arbitrariedad, las prisiones de Guinea Ecuatorial seguirán albergando no solo a condenados, sino también a víctimas de un sistema incapaz de garantizar uno de los derechos más básicos de cualquier sociedad, el derecho a recuperar la libertad cuando la pena ha sido cumplida.