
NEXOS-GE señala a Teodorín por la tragedia de Nkoantoma y exige su comparecencia pública
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Según un pronunciamiento fechado en Madrid este 9 de marzo de 2026, la plataforma NEXOS-GE ha exigido la comparecencia de Teodorin ante la Cámara de los Diputados para rendir cuentas por la tragedia de Nkoantoma. Cinco años después de las explosiones, la organización denuncia que el régimen sigue sin aclarar el número real de víctimas, no ha reparado a los damnificados y mantiene bajo opacidad una de las mayores catástrofes de la historia de Guinea Ecuatorial.
La plataforma NEXOS-GE ha puesto de nuevo sobre la mesa una de las preguntas que el régimen de Malabo lleva cinco años evitando responder, ¿quién asume la responsabilidad política por la tragedia de Nkoantoma? En un texto difundido este 9 de marzo, la organización reclama que el vicepresidente comparezca ante la Cámara de los Diputados para informar a la opinión pública nacional e internacional sobre las repercusiones humanas y materiales del suceso, así como sobre las medidas adoptadas en favor de las víctimas mortales y de los supervivientes.
El documento parte de una denuncia frontal contra la opacidad oficial. NEXOS-GE sostiene que, a día de hoy, el régimen no ha presentado un recuento exacto de los fallecidos ni de los mutilados provocados por las explosiones. Recuerda además que las cifras ofrecidas en distintos momentos por las autoridades fueron cambiando, comenzando con una cifra inicial de 17 muertos y elevándose posteriormente a 98, mientras diversos testimonios anónimos y concordantes sitúan el balance real en varios centenares de personas, entre militares y civiles. Para la plataforma, esta oscilación no responde a la confusión del momento, sino a una voluntad deliberada de minimizar el impacto de la catástrofe.
NEXOS-GE lamenta igualmente que ni siquiera los informes de los organismos internacionales presentes en la zona hayan servido para esclarecer por completo el coste humano del desastre. Según expone la plataforma, esos documentos se centraron sobre todo en la valoración de daños materiales y en el número de personas afectadas, pero no ofrecieron el recuento definitivo de víctimas, pese a tratarse de un elemento esencial para cualquier plan serio de asistencia y reparación. De ahí que la organización exija la elaboración de un informe síntesis, a cargo de expertos internacionales independientes, que incorpore tanto los datos verificados por los organismos presentes sobre el terreno como los testimonios de los supervivientes y de los allegados de los desaparecidos.
En su pronunciamiento, NEXOS-GE también cuestiona la capacidad operativa de la Protección Civil en Guinea Ecuatorial. Recuerda que el gobierno había creado, al amparo de la ley sobre prevención y protección civil, un comité nacional de emergencias, y había encargado la construcción de parques de bomberos y escuelas de formación con un coste superior a 22 billones de francos CFA. Sin embargo, la tragedia de Nkoantoma, afirma la plataforma, dejó al descubierto la impotencia y la desorganización del aparato estatal, ante la ausencia de personal de rescate y de primeros auxilios en uno de los momentos más dramáticos vividos por la ciudad de Bata. Por ello, exige que Teodorin informe de las medidas adoptadas desde entonces para que esa estructura de protección civil exista más allá del papel y de los contratos millonarios.
El sistema sanitario es otro de los puntos centrales del texto. NEXOS-GE sostiene que las explosiones pusieron al desnudo la extrema precariedad hospitalaria del país, marcada por instalaciones vetustas, insuficiencia de personal médico, falta de equipamientos y carencia de ambulancias. A juicio de la organización, aquella catástrofe demostró que Guinea Ecuatorial no estaba en condiciones de atender una emergencia de tal magnitud sin apoyo exterior. Por ello, la plataforma reclama explicaciones precisas sobre las reformas acometidas desde entonces y pregunta si el país dispone hoy de servicios de dermatología quirúrgica para tratar quemaduras graves, de ortopedia y reeducación para los mutilados, así como de atención médica y psicológica para quienes arrastran secuelas profundas desde aquel día.
La organización también exige claridad sobre las tareas de desminado y descontaminación medioambiental en la zona afectada. En su documento recuerda que, tras las explosiones, se alertó del riesgo derivado de la propagación de nitrato de amonio y de otros residuos peligrosos, con posible impacto sobre la habitabilidad del epicentro y de las áreas cercanas. NEXOS-GE plantea que el vicepresidente de su padre debe informar si se ejecutaron trabajos reales de descontaminación, si se evaluó el estado del suelo y del agua, y si se aplicaron las recomendaciones sobre agua, saneamiento e higiene que se consideraban prioritarias tras la catástrofe.
En el capítulo del realojamiento y la reconstrucción, la plataforma denuncia que miles de damnificados quedaron sin hogar a raíz de las explosiones y que, cinco años después, no consta que se haya procedido ni a su realojamiento efectivo ni a la reconstrucción seria de sus viviendas. Según el texto, mientras centenares de familias quedaron expuestas al abandono tras perderlo todo, el régimen concentró la construcción de viviendas sociales en Oyala, destinadas a funcionarios obligados a trasladarse a esa «ciudad». Para NEXOS-GE, esta elección retrata con crudeza cuáles han sido las prioridades del poder y hasta qué punto las víctimas de Nkoantoma quedaron relegadas al olvido.
La plataforma extiende su crítica al terreno de las indemnizaciones. Afirma que el gobierno no ha abonado prestaciones acordes con la magnitud de los daños sufridos por los supervivientes y por las familias de las víctimas. Recuerda que las personas afectadas no solo perdieron parientes, viviendas y pertenencias, sino que muchas de ellas arrastran desde entonces minusvalías físicas, desempleo, dependencia, exclusión social y una profunda ruptura del equilibrio psicológico. Frente a esa realidad, NEXOS-GE considera irrisoria la suma de 700 millones de francos CFA anunciada en su día por el gobierno y exige que se informe públicamente de las medidas efectivas adoptadas para reparar los daños y perjuicios causados por la tragedia.
Pero el núcleo más explosivo del pronunciamiento se encuentra en el apartado dedicado a la responsabilidad política. NEXOS-GE sostiene que la catástrofe no puede reducirse a una simple negligencia operativa ni descargarse sobre escalones inferiores de la cadena de mando. Según expone, numerosos testimonios confirmaron que las explosiones se produjeron después de que un incendio forestal alcanzara un contenedor colocado en la explanada central del cuartel militar de Nkoantoma, donde se almacenaban explosivos y municiones. La plataforma subraya que, conforme a la normativa internacional sobre gestión de municiones, un contenedor estándar sin las debidas modificaciones de seguridad no puede destinarse al almacenamiento primario de material explosivo, y menos aún dentro de una zona residencial civil.
NEXOS-GE afirma que, dadas las características del cuartel y la cantidad de material almacenado, debió construirse un depósito centralizado con garantías mínimas de protección física, seguridad contra incendios, barreras de acceso y distancia respecto de las zonas habitadas. Sin embargo, en lugar de aplicar esas exigencias, se optó por una solución que, a juicio de la plataforma, violaba deliberadamente la normativa internacional vigente. El documento añade además que en Guinea Ecuatorial la construcción de cuarteles y depósitos de municiones suele quedar en manos de constructoras sin especialización en el sector, con la participación de instancias supervisoras carentes de la aptitud técnica necesaria, lo que agrava todavía más la cadena de irresponsabilidades.
A partir de ese razonamiento, NEXOS-GE concluye que la responsabilidad política por las pérdidas humanas y los daños materiales derivados de la tragedia de Nkoantoma incumbe directamente al vicepresidente, en tanto que máximo órgano decisorio en la política sectorial de defensa y seguridad del Estado. La plataforma sostiene que, bajo sus prerrogativas exclusivas, el resto de miembros del gobierno vinculados a ese sector actúan sin verdadera autonomía decisoria y bajo sus directrices. Por eso, entiende que debe exigírsele la responsabilidad exclusiva, política y eventualmente penal, derivada de los errores de concepción y de construcción que desembocaron en la mayor tragedia conocida por el país.
Cinco años después, Nkoantoma sigue siendo una herida abierta para miles de guineoecuatorianos. Y mientras el régimen continúa administrando el silencio, NEXOS-GE ha decidido convertir esa herida en una exigencia pública de verdad, reparación y rendición de cuentas. Lo que pide la plataforma no es un gesto simbólico ni una ceremonia de aniversario, sino algo mucho más incómodo para el poder, que alguien responda por fin ante el país.












El régimen ha bailado con la cifra de muertos según le convenía, la infla para mendigar ayudas y la rebaja para esconder la magnitud del horror.