¡No volveré a cometer la homosexualidad!

Cuando te obligan a incriminarte 

El 26 de enero de 2026, Claudio Amadi Coka, mujer trans conocida como Echuaka, y su novio fueron citados de manera irregular por el Secretario de la Delegación de Baney. Allí, según la denuncia, fueron intimidados y coaccionados para firmar un documento manuscrito (adjuntado) en el que se comprometían a “no volver a cometer la homosexualidad”.

La amenaza fue explícita, si “reincidían”, la ley “tomaría justicia”. No existía base legal para convocarlos, interrogarlos ni exigirles una renuncia simbólica a su identidad sexual. La semana anterior, otra pareja LGTBQA+ habría sido sometida al mismo procedimiento. Este patrón repetido revela una práctica sistemática de persecución, no un exceso aislado. Actualmente tenemos cuatro casos similares ya en el penal de Black Beach, tres casos que fueron recientemente liberados de la infame cárcel gracias a los esfuerzos de Somos Parte del Mundo y otros activistas de DDHH y otros cuatro casos convocados para dicho estúpido procedimiento.

La homofobia de Estado en Guinea Ecuatorial no es un fenómeno reciente ni accidental. Se sostiene sobre una larga tradición de control moral y policial heredada del periodo colonial español, especialmente de la lógica represiva de la Ley de Vagos y Maleantes, que durante el franquismo se utilizó para perseguir a personas homosexuales bajo la categoría de “peligrosidad social”. Aunque esta ley dejó de tener vigencia formal tras la independencia, su espíritu, la idea de que la diversidad sexual es una amenaza que debe corregirse o castigarse, continúa impregnando prácticas institucionales contemporáneas. La reciente denuncia presentada por Somos Parte del Mundo sobre los hechos ocurridos en la Delegación de Baney es una muestra alarmante de esta continuidad histórica.

Los hechos del caso de Baney, descritos, constituyen una cadena de violaciones graves, coacción institucional, abuso de autoridad, prevaricación, vulneración del derecho a la intimidad, discriminación por orientación sexual e identidad de género y falsedad ideológica en documento público. La Delegación de Baney habría actuado como un aparato disciplinario moral, utilizando el poder del Estado para aterrorizar a una minoría. Este tipo de prácticas, aunque ocurran a pequeña escala, configuran lo que organizaciones de derechos humanos describen como terror institucional, un uso ilegítimo del poder público para someter y silenciar.

La lógica que subyace a estos hechos no es nueva. Es la misma que justificó durante décadas la persecución de personas LGTBIQ+ bajo la Ley de Vagos y Maleantes; la vigilancia de la vida privada, la corrección forzada de la identidad, la criminalización de la diferencia y la idea de que el Estado tiene autoridad para regular la intimidad. La herencia colonial no se manifiesta solo en textos legales, sino en culturas administrativas que siguen operando bajo criterios moralizantes y arbitrarios.

Ante eso, el caso de Chatina Suárez, artista y figura pública envuelta recientemente en un conflicto mediático, revela otra dimensión del problema; la respuesta desigual del activismo y de la opinión pública ante situaciones que afectan a personas LGTBQI+. Aunque su caso no se envuelve en una persecución institucional como la de Baney, sí expone un patrón preocupante. La conversación pública se centró en la polémica, la culpabilización y el morbo, mientras que la dimensión de discriminación y vulnerabilidad quedó prácticamente silenciada. El silencio de parte del activismo ante este caso tiene efectos que van más allá de la figura de Chatina Suárez. Refuerza la idea de que solo algunas vidas merecen defensa pública, generalmente aquellas que encajan en ciertos estándares de respetabilidad o conveniencia política. Deja desprotegidas a personas anónimas que no cuentan con plataformas para denunciar abusos. Normaliza la violencia simbólica y mediática contra quienes no tienen poder social o mediático. Y envía un mensaje devastador a quienes viven su identidad en la clandestinidad; si ni siquiera una figura visible recibe apoyo claro, ¿qué pueden esperar quienes no tienen voz?

La combinación de persecución institucional, como en Baney, y silencios selectivos, como en el caso de Chatina Suárez, crea un ecosistema de vulnerabilidad extrema para la comunidad LGTBQI+ en Guinea Ecuatorial. La violencia no se limita a la acción directa del Estado; también se reproduce en omisiones, en jerarquías internas y en la falta de solidaridad cuando la víctima no encaja en narrativas cómodas. La homofobia de Estado se fortalece cuando la sociedad civil no responde con contundencia y coherencia.

Romper con esta dinámica exige mucho más que denunciar abusos puntuales. Requiere un activismo que defienda a todas las personas LGTBQI+, sin excepciones ni condiciones. Requiere reformas legales que garanticen derechos, formación en derechos humanos para funcionarios, mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, y un compromiso político real con la igualdad. Requiere también una reflexión profunda dentro de la propia comunidad y del activismo para evitar reproducir las mismas lógicas de exclusión que se pretende combatir.

¡En fraterna unión, sin discriminar, cantemos libertad!...

La diversidad sexual y de género no es un delito, no es una amenaza y no es una conducta que deba corregirse. Es una realidad humana que merece respeto, protección y reconocimiento. Mientras persistan prácticas como las de Baney y silencios como los que rodearon el caso de Chatina Suárez, la homofobia institucional seguirá encontrando terreno fértil. Es urgente construir un país donde la dignidad no dependa de la visibilidad, la fama o la aceptación social, sino del simple hecho de ser persona.