Amenazas de persecución en redes y presión sobre WhatsApp tras mensajes atribuidos a Teddy Nguema

Según mensajes publicados en X por la cuenta @teonguema, atribuida al vicepresidente de su padre, el régimen de Malabo amenaza con “localizar” y procesar judicialmente a quienes difundan “falsas informaciones” en redes sociales, y anuncia una reunión con responsables de Defensa y Seguridad, operadoras telefónicas y la Fiscalía General del Estado para “examinar la situación de las redes sociales” y valorar si Guinea Ecuatorial debe seguir usando WhatsApp.

En plena tensión informativa y con las redes hirviendo de mensajes que el régimen no controla, reaparece el viejo reflejo: no se responde con transparencia, se responde con miedo. Se amenaza con “localizar” a ciudadanos por lo que publiquen y se sugiere ponerle candado a WhatsApp, como si el problema fueran las pantallas y no la falta de información pública verificable y de rendición de cuentas. Cuando el poder se siente cuestionado, el “bulo” se convierte en pretexto y el castigo, en método.

En el primero de los mensajes, Teodorin afirma : “A partir de ahora, las personas que utilicen las redes sociales para difundir falsas informaciones (…) serán localizados y procesados judicialmente”. La frase, además de imprecisa, abre la puerta a una criminalización elástica: ¿quién decide qué es “falso” cuando el Estado controla la información oficial, el acceso a datos y el relato mediático? ¿Bajo qué garantías se “localiza” a un usuario? En un país donde el poder político y los aparatos de seguridad han actuado históricamente con amplios márgenes de arbitrariedad, esa ambigüedad no es un detalle técnico, es el centro del problema.

El segundo mensaje va más allá y apunta directamente a WhatsApp. “El martes 17 de Enero, me reuniré con Defensa y Seguridad, operadoras telefónicas y la Fiscalía General del Estado (…) y decidir si el país debe seguir usando WhatsApp”, reza la publicación. La sola composición de esa mesa sugiere el enfoque; no se plantea una campaña de alfabetización digital, ni una rectificación pública con pruebas, ni un compromiso de transparencia institucional. Se plantea, en cambio, una coordinación entre seguridad, Fiscalía y compañías que controlan la conectividad.

WhatsApp no es una simple aplicación de ocio. En Guinea Ecuatorial, donde la información fluye muchas veces de boca en boca, y donde los medios públicos responden a consignas, el teléfono móvil y la mensajería instantánea funcionan como plaza pública; ahí se comparten avisos, denuncias, audios, convocatorias, noticias, capturas, y también, por supuesto, rumores. Pero los rumores no se evaporan por decreto. Se combaten con un Estado que informa, con datos abiertos, con ruedas de prensa reales, con instituciones que no castiguen la crítica. Cuando lo que se ofrece es miedo, el efecto suele ser el contrario, más silencio, más autocensura y más clandestinidad informativa.

La amenaza llega, además, en un momento en que el propio historial del país desmonta cualquier pretensión de “moderación” institucional en el uso de la conectividad. En 2024, organizaciones de derechos humanos denunciaron que el Gobierno impulsó medidas y propuestas relacionadas con “ciberdelincuencia” y vigilancia que suscitan preocupación por su impacto sobre la libertad de expresión. Ese mismo año, el Estado cortó servicios de telefonía e internet en Annobón tras protestas ciudadanas, un patrón que ilustra hasta qué punto el acceso a la red puede convertirse en un arma política.

Los cortes no son una hipótesis abstracta. Son una práctica documentada y con efectos devastadores; desde impedir transacciones básicas y comunicaciones familiares hasta dificultar emergencias sanitarias, trámites o denuncias. Y, en Guinea Ecuatorial donde la persecución a activistas y disidentes ha sido señalada repetidamente por organismos internacionales, la posibilidad de que operadoras y autoridades coordinen “localizaciones” bajo un paraguas de “bulos” debería alarmar a cualquiera que aspire a un mínimo de garantías.

La pregunta clave, por tanto, no es si existe desinformación, claro que existe, sino qué hace un Estado serio ante ella. Un Estado serio presenta pruebas, rectifica con transparencia, exige responsabilidades a quienes mienten desde cargos públicos y deja que la justicia opere con independencia. Un régimen que se protege a sí mismo suele preferir otra ruta; convertir la desinformación en pretexto para ampliar control, vigilancia y castigo selectivo.

Y aquí conviene no perder el hilo, el anuncio no habla de perseguir redes de estafa, ni de combatir delitos informáticos con parámetros claros, ni de proteger a menores. Habla de “informaciones” “de la índole que acaban de hacer al Jefe de Estado”. Es decir, el detonante no es el bienestar público, sino el blindaje del poder.

Radio Macuto seguirá atento a cualquier medida concreta que derive de estos mensajes, si hubo reunión, qué se decidió y bajo qué base legal,, porque el país ya conoce este guion; cuando el poder se incomoda, se señala a la ciudadanía como amenaza y se vende el control como “orden”.

Al final, el dilema es simple y brutal: si el Estado puede “decidir” si el país “debe seguir usando WhatsApp”, lo que se está discutiendo no es una app, sino el derecho de los guineoecuatorianos a hablar sin que los “localicen” por incomodar al poder.