La CEMAC gasta miles de millones en comida importada mientras abandona su agricultura

Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCED) difundidos por Agence Ecofin, los seis países de la CEMAC, Camerún, Gabón, Congo, Guinea Ecuatorial, Chad y República Centroafricana, gastaron miles de millones de dólares en importaciones de alimentos entre 2021 y 2023. El ranking lo encabeza Camerún con 1.593,4 millones de dólares, seguido de Gabón (904 millones) y Congo (870 millones). Guinea Ecuatorial aparece en cuarto lugar, con 491 millones de dólares, por delante de Chad (214,4 millones) y de la República Centroafricana (75,7 millones). Detrás de estas cifras frías se esconde un modelo económico que convierte a la región en rehén de los mercados internacionales y deja a millones de personas a merced del precio del arroz, del trigo o del aceite fijado en otras latitudes.

La paradoja es que hablamos de una comunidad rica en tierra fértil, agua y mano de obra. De acuerdo con análisis recientes del Banco Mundial, cerca de la mitad de la fuerza laboral de la CEMAC trabaja en la agricultura, pero lo hace en condiciones de baja productividad y con ingresos muy reducidos, mientras la riqueza se concentra en los sectores extractivos controlados por las mismas familias y clanes en el poder. Los campesinos producen poco, sin apoyo técnico ni infraestructuras, y los Estados prefieren gastar divisas en importar alimentos antes que invertir seriamente en transformar su propio campo.

El caso de Camerún, primero del ranking, lo ilustra bien. El país es considerado desde hace décadas el “granero” de África central y abastece de productos básicos a los mercados de toda la subregión. Sin embargo, el volumen de sus importaciones alimentarias muestra que buena parte de lo que se consume en sus ciudades, arroz, trigo, leche en polvo, pollo congelado, aceite vegetal, llega por barco desde Asia, Europa o América. Es una agricultura que convive con la importación masiva de alimentos, sin capacidad para competir con los grandes conglomerados internacionales ni con las redes comerciales ligadas a los puertos y a los bancos.

Para Guinea Ecuatorial, cuarta del listado con 491 millones de dólares en compras de comida en tres años, el escándalo es aún mayor. Con una población que apenas supera el millón y medio de habitantes, ese volumen supone, grosso modo, más de cien dólares anuales por persona dedicados exclusivamente a importaciones alimentarias. Y eso en un país que se ha presentado durante décadas como “potencia petrolera”, que ha presumido de cifras de PIB por habitante que sólo existían en los discursos oficiales y que ha dilapidado miles de millones en carreteras vacías, edificios monumentales y congresos de propaganda. Para garantizar tres comidas al día, el discurso del “emergente” se queda en nada y toca pasar por caja en los mercados internacionales.

Quien recorra los mercados de Malabo o Bata lo ve con sus propios ojos. Tomates, cebollas, patatas, plátanos, yuca, pescado, pollo, huevos, azúcar, arroz… Una parte importante de lo que hay en los puestos viene en camiones desde Camerún o en contenedores desde muy lejos. Cuando sube el precio del barril o se encarece el transporte marítimo, la cesta básica del guineoecuatoriano se dispara. Cuando el franco CFA se debilita, el bolsillo del ciudadano lo nota de inmediato. Y cuando hay cualquier tensión fronteriza o un corte en la cadena de suministros, la amenaza de desabastecimiento se siente en las colas de los mercados y en los platos vacíos de las casas humildes.

Mientras tanto, las zonas rurales de Guinea Ecuatorial continúan abandonadas. Carreteras en mal estado, falta de electrificación, ningún sistema fiable de almacenamiento y conservación, imposibilidad de acceder a créditos agrícolas, semillas o herramientas; jóvenes que se marchan a las ciudades o al extranjero porque el campo no ofrece futuro. La política oficial se resume en repartos puntuales de sacos de arroz importado con foto, pancarta y eslogan del partido único. No hay una estrategia de soberanía alimentaria, sino una estrategia de dependencia: garantizar que el país siga siendo un mercado cautivo para las empresas de importación ligadas al clan gobernante.

El contraste con lo que ocurre al otro lado de la frontera es doloroso. La propia televisión pública ha reconocido que BANGE-Cameroun es uno de los bancos que más créditos otorga a agricultores cameruneses. Es decir: un banco nacido en Guinea Ecuatorial, alimentado por años de renta petrolera, se ha especializado en financiar la agricultura del vecino, mientras el campesino guineoecuatoriano no ve ni una décima parte de ese esfuerzo. A los de fuera, crédito y acompañamiento; a los de dentro, abandono y burocracia. El mensaje es claro: el régimen prefiere que el plato del guineoecuatoriano dependa de la producción ajena antes que empoderar a su propio campesinado.

Los datos de Chad y de la República Centroafricana, con importaciones mucho menores, no significan que hayan resuelto su seguridad alimentaria. Más bien indican economías extremadamente empobrecidas, con poblaciones que sobreviven en gran medida de una agricultura de subsistencia y con muy poco acceso a alimentos procesados o importados. La CEMAC, en conjunto, combina lo peor de los dos mundos: países de renta media con élites que consumen como si estuvieran en Europa y una mayoría social atrapada entre salarios miserables, inflación y campos sin inversión.

Ante esta situación, las recomendaciones de los organismos internacionales suenan ya a disco rayado: hay que diversificar la economía, mejorar la gobernanza, invertir en infraestructuras rurales, reforzar el capital humano, apoyar al sector privado productivo. Pero mientras la minoría que controla el poder político y económico siga enriqueciéndose con contratos de importación, sobreprecios en los puertos y monopolios disfrazados, no habrá verdadera voluntad de cambiar el modelo. Los beneficios rápidos que dejan los barcos cargados de comida pesan más que la paciencia y el esfuerzo que exige construir una agricultura fuerte.

Para los guineoecuatorianos, esta dependencia tiene nombre y apellidos en la vida cotidiana. Significa que el precio del pan o del arroz se decide en reuniones de exportadores en Asia, en decisiones de banqueros en París o en Bruselas, en las guerras de otros. Significa que una crisis logística en el Canal de Suez, una guerra en Ucrania o una simple devaluación pueden vaciar la nevera de una familia en Ela Nguema o en Nkoantoma. Significa que los jóvenes que podrían estar cultivando la tierra, transformando alimentos y generando empleo en su propio país se ven obligados a emigrar o a vender su fuerza de trabajo en la economía informal.

La factura de las importaciones alimentarias de la CEMAC entre 2021 y 2023 no es sólo un dato de comercio exterior. Es el retrato de un modelo fracasado que ha dado la espalda al campo, ha despreciado a los campesinos y ha colocado la seguridad alimentaria de millones de personas en manos de unos pocos grupos de interés. En el caso de Guinea Ecuatorial, es la prueba de que el régimen que dice haber “llevado el país al desarrollo” ni siquiera ha sido capaz de garantizar algo tan básico como la producción de comida para su población.

Cambiar esta realidad no es una cuestión técnica, sino política. Sí, hacen falta carreteras rurales, almacenes, sistemas de riego, crédito barato, formación agraria, cooperativas y mercados bien regulados. Pero, sobre todo, hace falta romper con el negocio de la dependencia y apostar por un modelo en el que el campesino guineoecuatoriano deje de ser espectador y pase a ser protagonista. Mientras eso no ocurra, cada tabla estadística que publique la CNUCED, cada gráfico que circule en las redes seguirá recordándonos lo mismo: en una región con tierra y agua de sobra, el hambre y el encarecimiento de los alimentos no son una fatalidad, sino el resultado directo de decisiones tomadas por unos pocos contra los intereses de la mayoría.