El calvario de pagar la electricidad en Guinea Ecuatorial

“Lo sé. SEGESA, mejor lo dejamos por imposible. Hagan ustedes su trabajo y no intenten timar al cliente.”

Con esa frase de resignación termina el testimonio de un ciudadano guineoecuatoriano que, como tantos otros, ha aprendido que en Guinea Ecuatorial hasta pagar la luz puede ser una trampa. Un país donde cumplir con tus obligaciones no te libra de persecuciones administrativas, amenazas de corte de suministro o facturas infladas por errores que nadie corrige.

El maltrato institucional es diario y generalizado. “Yo llevo desde abril que cambié un contador defectuoso esperando a que inserten los datos del nuevo contador para facturarme. Desde enero hacen facturas estimadas que llegan a 80.000 FCFA en una casa vacía, donde solo se ilumina el patio y se enciende la bomba de agua para llenar el depósito. La burocracia administrativa es infumable. No se agiliza nada”.

La frase se repite entre clientes frustrados que ya no esperan justicia sino que intentan sobrevivir al sistema. Lo confirma otro afectado:

“Desde que dejé la transferencia realizada y me dieron ese papel, la deuda sigue allí.”

Se refiere a una “ficha de justificación” emitida por SEGESA —la empresa nacional de electricidad— en la que se reconoce la reclamación del usuario por un pago no validado. El papel lleva fecha y sello, pero no soluciona nada. Solo sirve para confirmar que el usuario ha cumplido con su parte, mientras la empresa sigue generando deuda ficticia.

Y si el cliente insiste, hay una vía rápida:

“Si pagas en Rosa Money, se valida al instante. Si pagas en el banco, te persiguen.”

Este testimonio resume la lógica perversa del sistema. El problema no es técnico, es político y económico. Los métodos de pago sin comisión se ralentizan, mientras que las plataformas vinculadas a intereses privados o intermedios, como Rosa Money, procesan el pago inmediatamente, con tal de que se pague más.

En otros casos, el absurdo escala a lo grotesco.

“Un día me dijeron que debía cuatro millones de FCFA por la luz de un local cerrado desde la pandemia. Pagaba 6.000 al mes por el mantenimiento mínimo, hasta que una mala lectura del contador disparó la deuda. La empresa reconoció el error, pero sigo debiendo lo mismo dos años después”.

Y los testimonios no paran de llegar. Cada uno, más desesperante que el anterior.

“Por lo menos tú reconoces tu consumo. ¿Qué hay de mí, que tengo el documento original de baja de consumo eléctrico con todas las firmas y sellos, pero sigo recibiendo SMS diciendo que debo más de 800.000 FCFA?”

“La verdad es que… Ecualandia es único de su clase en este planeta.”

Otro usuario ironiza con resignación:

“¿Tú también ya usas la palabra timar? ¡Ojo! Jajaja. Mi mujer tiene seis facturas con justificantes de pago, pero la deuda sigue intacta. Le dicen que los pagos todavía no han impactado en la contabilidad.”

Y otro más, desde Lampert:

“En mi caso, en 2023 hice un contrato de abonado para que me conectasen a la red de SEGESA, pero desde 2022 no hay suministro eléctrico en Batete. En cambio me envían mensajes con incrementos graduales todos los meses, habiendo consumido 0,00 kWh. A día de hoy mi deuda ronda los 300.000 FCFA.”

Nada funciona como debería. El sistema castiga al que paga, acosa al que reclama y protege al que cobra. Es una cadena de negligencias, corrupción y desprecio por el ciudadano. Las oficinas de SEGESA se han convertido en lugares de peregrinación inútil, donde se repiten colas, reclamaciones, papeles sellados y respuestas vagas.

En un país donde el régimen presume de hidrocarburos y crecimiento, no hay sistema eléctrico digno, ni canal de atención eficaz, ni voluntad real de mejorar. La burocracia no es solo lenta, sino está diseñada para desgastar, humillar y forzar al cliente a pagar lo que no debe.

Y como si fuera poco, hasta algunos empleados sugieren directamente el camino más costoso como única salida:

“Eso me pasó con dos pagos. Una cajera me recomendó pasar por Rosa Money y desde entonces no he vuelto a tener impagos. Cada factura me cuesta mil francos más, pero se valida al instante.”

Es decir, el sistema no premia al ciudadano que paga correctamente, sino al que acepta pagar más para no ser castigado. Un modelo donde la legalidad no sirve, el banco no vale, y la única forma de que tu pago “impacte” es alimentar el engranaje informal con comisiones extra.

La pregunta ya no es por qué no funciona, sino a quién beneficia que siga así.

Seguir mirando hacia otro lado es permitir que mañana la estafa se repita, no solo con la electricidad, sino con todo lo demás.

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