Teodorín denuncia la podredumbre que él mismo dirige

En un alarde de hipocresía con dosis de necedad política, el vicepresidente de su padre, «Teddy» Nguema Obiang Mangue, ha denunciado públicamente la fuga del empresario Nicolás Ruso Moreno, implicado en una red de adulteración de alimentos en Bata. Según él, este escándalo representa una “traición a la patria” y asegura que se están tomando medidas para esclarecer los hechos. Lo que no dice es que esa traición se gesta, un día sí y otro también, bajo su propio mando, en una administración judicial completamente podrida por la corrupción que él alimenta, ampara y dirige.

Nicolás Ruso, director de la empresa Enbasa, fue acusado de utilizar productos caducados y falsificar fechas de vencimiento en zumos y alimentos distribuidos en la ciudad de Bata. Estaba detenido por atentar contra la salud pública. Sin embargo, gracias a una cadena de complicidades, que involucra al médico de la cárcel, al juez de instrucción y a su propio abogado, logró fingir una enfermedad, obtener un permiso fraudulento y huir del país sin ser juzgado. Hoy está libre. Su abogado también. Y el pueblo, una vez más, ha sido envenenado… con impunidad.

La justicia no opera en un vacío. No estamos ante una estructura independiente que haya sido burlada por sorpresa. Estamos ante una maquinaria diseñada precisamente para funcionar así: al servicio del dinero, de las redes clientelares y del silencio. Una justicia sin separación de poderes, donde los jueces son nombrados y depuestos por decreto presidencial; donde la ley se redacta para mostrarla, no para aplicarla; donde el poder judicial es simplemente una extensión del Ejecutivo, del clan, de la familia.

Entonces, ¿cómo puede el vicepresidente fingir sorpresa? ¿Quién controla los aeropuertos? ¿Quién controla la Gendarmería? ¿Quién manda sobre el Ministerio de Justicia? ¿Quién presume de tener el país “bajo control” gracias a mercenarios, tecnologías de espionaje israelíes y un ejército hipertrofiado? No es un secreto: es «Teddy«.

Basta con repasar sus propias declaraciones públicas, donde presume de dirigir operativos policiales, de encarcelar a ciudadanos, de expulsar a funcionarios, incluso de mandar allanar casas particulares. Pero ahora, cuando alguien huye tras envenenar a la población, él solo apunta hacia abajo. Culpa a un médico, a un juez de instrucción, a un abogado… pero nunca a sí mismo. Como si no estuviera al mando.

Lo ocurrido con Nicolás Ruso no es un caso aislado. Es parte de un patrón constante de impunidad garantizada a cambio de dinero o favores. ¿Dónde está el empresario chino que introdujo toneladas de arroz podrido? ¿Qué pasó con el escándalo de la leche infantil contaminada en 2014? ¿Y con el caso de los medicamentos vencidos en hospitales públicos que nunca llegaron a juicio? Todos esos casos se silenciaron, se negociaron o simplemente desaparecieron.

Esta fuga es otra escena del mismo teatro. Una actuación más en la larga serie de crímenes sin castigo que caracterizan a la dictadura de Malabo.

La pregunta que muchos guineoecuatorianos se hacen es: ¿cómo pudo escapar alguien así en un país-isla, con un régimen de vigilancia militar, y en medio de una supuesta cruzada contra la corrupción? ¿Qué pasa con los rusos de Wagner, con los asesores israelíes, con las cámaras, los drones, los sistemas de vigilancia que tanto presumen tener? ¿Sirven solo para reprimir a estudiantes y disidentes?

Teodorin ha convertido la lucha contra la corrupción en una herramienta de propaganda personal. Pero lo que se vive es una lucha selectiva, que solo se activa cuando conviene a sus intereses o a su demacrada imagen pública. La verdadera corrupción, la estructural, la que protege a los suyos y castiga al pueblo, sigue intacta.

En Guinea Ecuatorial, los delincuentes no siempre escapan del país. Muchos simplemente cambian de despacho.