Justicia secuestrada y el chantaje del vicepresidente de su padre a los liberados de Black Beach

La justicia en Guinea Ecuatorial no solo es un espejismo, sino una herramienta de extorsión al servicio de los caprichos del poder en plaza. El caso de los detenidos en la prisión de Black Beach, liberados por orden judicial, es una prueba más de que en este país, las leyes no terminan de escribirse hasta que el vicepresidente haya cobrado su parte.

El 25 de marzo de 2025, el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Malabo emitió una resolución en la que se decretaba el archivo de la causa y el sobreseimiento libre para la mayoría de los implicados en el caso. Con ello, se levantaron las medidas de prisión preventiva que pesaban sobre ellos. Sin embargo, la realidad ha demostrado que la voluntad del tribunal no es suficiente en un país donde la justicia solo se ejecuta cuando conviene a la «superioridad»

Mientras que civiles y funcionarios «procesados» en la misma causa han sido excarcelados tras la resolución del tribunal, los militares implicados nunca pisaron la temida prisión de Black Beach. En su caso, fueron retenidos en la Gendarmería y liberados discretamente hace aproximadamente un mes, sin grandes anuncios ni explicaciones públicas.

Hoy, 26 de marzo de 2025, más de un mes después de la liberación de los militares y con una resolución judicial que deja sin efecto cualquier medida en su contra, los civiles aún siguen encarcelados. Y lo peor: se espera un «nuevo proceso» que, según fuentes consultadas de la prisión de Black Beach, vendrá del Ministerio de Defensa, sin plazos ni explicaciones claras.

«Se espera otro proceso que debe venir del Ministerio de Defensa, pero sin tiempo estipulado. Así que… toca esperar«, comenta nuestra fuente interna de la prisión de Black Beach. Pero, ¿esperar qué exactamente? La respuesta está en la lógica del régimen: cada liberado debe pagar su cuota, su «impuesto revolucionario», antes de poder disfrutar de la supuesta justicia que ya les ha exonerado.

El problema no es solo la incertidumbre sobre su liberación definitiva, sino la absoluta impunidad del régimen en este juego perverso. Mientras sigan en prisión, si algo les ocurre, nadie asumirá la responsabilidad. Se convertirán en una estadística incómoda que nadie reconocerá. Y si salen, será únicamente porque han pagado el precio exigido por quienes han secuestrado la justicia.

La independencia judicial es una farsa cuando la libertad se convierte en moneda de cambio para financiar los lujos de la cúpula gobernante. El llamado Estado de derecho, no es más que un simple decorado para justificar un país que se autodenomina democrático, pero que en la práctica sigue sometido a los designios de un solo hombre.

En Guinea Ecuatorial, la prisión no termina con la sentencia, ni la justicia con el veredicto. Aquí, el verdadero tribunal es el despacho del vicepresidente de su padre, donde cada vida tiene un precio y cada decisión judicial puede ser revertida con la cantidad adecuada de dinero.