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La Voz de Los Sin Voz
SEEG niega impagos con SEGESA y admite facturas “con errores” en la interconexión Ebibeyin-Bitam
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Según un comunicado de prensa fechado el 8 de febrero de 2026 en Libreville, la Sociedad de Energía y Agua de Gabón (SEEG) salió a desmentir las “rumores” que circulan sobre una supuesta deuda impagada en el proyecto de interconexión eléctrica entre Ebibeyin (Guinea Ecuatorial) y Bitam (Gabón), y asegura que el asunto está en tratamiento bilateral con la empresa guineoecuatoriana SEGESA.
La empresa gabonesa sostiene que el foco del problema no sería una negativa a pagar, sino la necesidad de corregir errores detectados en las facturas de agosto a octubre de 2025, una corrección que, según el propio comunicado, debe realizar SEGESA conforme a lo previsto en el marco contractual. La SEEG afirma que dichas correcciones deben incorporar “retenciones” vinculadas a prestaciones de servicios y pasar por la validación del ministerio competente en Guinea Ecuatorial antes de ser remitidas a su dirección financiera.
En el mismo texto, la SEEG publica una “situación financiera” cerrada a 31 de enero de 2026 con dos escenarios; antes de integrar las modificaciones y después de integrarlas. En el primer caso, la SEEG sitúa el total facturado en 623.073.192 FCFA, el monto pagado en 257.377.360 FCFA y el restante en 365.695.832 FCFA. En el segundo caso, con las correcciones ya aplicadas, el total facturado bajaría a 505.194.480 FCFA, manteniéndose lo pagado en 257.377.360 FCFA, y quedando un restante de 247.817.120 FCFA.
El comunicado añade que, una vez recibidas las facturas actualizadas, con importes exactos, referencias bancarias nominativas y documentación jurídica requerida, la SEEG procederá al pago del “saldo real” “en los mejores plazos”.
En el plano técnico, la nota también informa de un acuerdo para elevar el techo de potencia suministrada de 2 MW a 5 MW a partir del 9 de febrero de 2026, en un marco donde se menciona una potencia contractual de 8 MW. La SEEG presenta ese aumento como prueba de “buena fe”, “transparencia” y cumplimiento de compromisos, y califica de “inexactas e infundadas” las acusaciones de impago o de violación de la convención vigente.
Lo que queda en el aire, sin embargo, es lo esencial para el ciudadano: en una región donde la electricidad no es un lujo sino supervivencia, el debate no debería girar solo en torno a comunicados y cuadros contables, sino a una pregunta simple: ¿quién responde cuando la política y las empresas convierten un servicio básico en un pulso de facturas “con errores”?
