Mercenariado y terrorismo de Estado

Del plan de erradicación de la disidencia política guineoecuatoriana

En un comunicado publicado en fecha 18 de enero 2024 en su cuenta X, el vicepresidente e hijo del dictador, Teodoro Nguema Obiang, anunciaba haber tenido conocimiento de un acuerdo de seguridad marítima recién suscrito por España y Camerún, de un parte, y de otra, un acuerdo de establecimiento de una base militar española en Gabón. Agregaba que ambos acuerdos podrían tener como finalidad atentar contra la soberanía de Guinea Ecuatorial. De manera simultanea, los medios oficiales anunciaban, en fecha 19 de enero 2024, la llegada del mismo dictador en Kampala (Uganda). Un viaje relacionado con los acuerdos de mercenariado que tienen suscritos con dicho país, que al parecer el régimen pretendería rescindir para permitir la llegada inminente de mercenarios bielorrusos, en relación a su reciente viaje a dicho país de Europa del este, y a la visita reciproca de su presidente Lukachenko a Guinea Ecuatorial.

Pese a garantizar su propia supervivencia mediante un complejo entramado de acuerdos de mercenariado contrarios a la legalidad internacional, el régimen es al propio tiempo propenso al cuestionamiento de todo acuerdo militar suscrito por países vecinos y amparados, como en el presente caso, por un mandato internacional. En la medida en que la reconfiguración política de la subregión pudiera obstruir el despliegue de operativos terroristas contra la disidencia política, la dictadura guineoecuatoriana ha venido promoviendo acciones injerencistas y desestabilizadoras en países vecinos como Gabon (financiación de partidos políticos, interferencia en procesos electorales, suministro de armas, campaña de descrédito contra el CTRI y su presidente, general Brice Clotaire Oligui Nguema, desplegada por el mismo vicepresidente Teodoro Nguema Obiang), Benin (apoyo financiaro a Boni Yayi y de lobby contra el presidente Patrice Talon), Guinea (apoyo financiero al presidente depuesto Alpha Condé en la perspectiva de un golpe de estado), etc.

Por ende, y pese a resultar de fraude electoral y carecer de legitimidad democrática, el régimen denuncia a menudo unas tentativas de desestabilización urdidas presuntamente por la disidencia política (en connivencia con las principales cancillerías occidentales !). El tirano Obiang pretende así haber desarticulado, en 45 años, más de 50 tentativas de golpes de estado de las que no se ha aportado prueba alguna, con la salvedad de la chapucera tentativa tramada por Simon Mann y Severo moto. En definitiva, el régimen siempre pretendió acreditar, sin éxito, que tales tentativas no solo existieron sino que fueron urdidas por los principales líderes de la oposición, activistas y disidentes políticos, o simplemente por personas con vínculos directos o indirectos, personales o profesionales u oficiales, o que habían interactuado con personas presuntamente implicadas en la realización de actos preparatorios tendidos en la perpetración de un golpe de estado (aun cuando la sospecha o la condena de tales personas resulte de confesiones arrebatadas bajo la tortura, como es el caso en todos los procesos seguidos hasta ahora por dicho tipo penal).

Un terrorismo de Estado resultante de la interversión del cometido asignado a los cuerpos de defensa y seguridad.
Desde el advenimiento de la dictadura en 1979 (hace 45 años !), numerosos informes periódicos de organizaciones internacionales dan fe de la ejecución de una política sistemática de persecución de la disidencia. Un entramado revelado por el proceso penal iniciado ante la Audiencia Nacional contra la cúpula directiva del ministerio de seguridad (el ministro de seguridad Nicolas Obama Nchama, el vice ministro de seguridad exterior Carmelo Ovono Obiang y el director general adjunto de seguridad presidencial Isaac Ondo Nguema). Toda vez que los llamados cuerpos de defensa y seguridad, bajo el mando del vicepresidente e hijo del sátrapa, tienen a cargo velar por la continuidad del ensamblaje institucional en el que se asienta el régimen, vetando la libre expresión de la voluntad soberana del Pueblo y reprimiendo toda manifestación de disidencia política. Una labor por tanto desconexa de la misión regaliana que le asigna la LFGE (articulo 129), cual es mantener la independencia nacional y la integridad territorial, defender la soberanía nacional, salvaguardar los supremos valores de la patria, la seguridad del Estado, el orden público y el normal funcionamiento de los poderes públicos.

La realización de dicha tétrica labor no sería posible sin la red de apoyos diplomáticos que el régimen ha ido tejiendo durante el periodo de la bonanza petrolera, esencialmente en los países de la subregión en los que se asienta la disidencia de la diáspora (Gabón, Congo, y Chad), en algunos países del África del Oeste (entre Nigeria y Togo), y otros de la zona austral (Sudán del Sur, Zimbabue, Uganda y Suazilandia), en los que la persecución de la oposición es particularmente activa. Asesorado y respaldado por el lobby de la internacional socialista (la rama española integrada por Bono, Moratinos, Zapatero y demás), el régimen pudo granjearse así el apoyo de la UNESCO, integrar el Consejo de Seguridad, ejercer influencia en organizaciones regionales africanas, al mismo fin de desacreditación y neutralización de la disidencia.

En definitiva, y pese a la ingente labor de ocultación y de negación realizada por el lobby y por los aliados diplomáticos, la implicación del régimen en actos de terrorismo internacional es a día de hoy incuestionable, al ser, conforme exponemos, objeto de una investigación judicial a cargo de la Audiencia Nacional. La misma arroja luz sobre la multitud de operativos anteriores relativos a secuestros, tortura y asesinatos, que conforman el descrito entramado terrorista, ya sea en el interior del País como en el extranjero, en cuya ejecución se releva la implicación y participación de diversos grupos de mercenarios escudados tras opacos acuerdos de cooperación militar.

Mercenariado y violación de la legalidad internacional
A tenor de la fraseología oficial del régimen, se atribuye la calidad de mercenarios a soldados extranjeros contratados para atentar contra el vigente orden constitucional. Una visión paradójica plasmada en la propuesta de resolución iniciada ante el Consejo de Seguridad por el régimen de Guinea para reforzar la lucha contra el mercenariados en África Central. Si bien se advierte que la dictadura se perpetua mediante, precisamente, la violación permanente del vigente orden constitucional, respaldada por las llamadas fuerzas de defensa y seguridad, y por una plétora de soldados extranjeros. En tal sentido, la contratación de soldados extranjeros, al objeto de perpetuar la velación del orden constitucional vigente, por tanto al margen de todo mandato internacional justificado mediante una agresión externa, es constitutiva de mercenariado y como tal reprensible a tenor de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización y el Entrenamiento de Mercenarios. Toda vez que la presencia de varios grupos de mercenarios en Guinea ecuatorial (procedentes de China, Rusia, Ucrania, Serbia, Israel, Uganda, Zimbabue, etc) responde al designio de garantizar la permanencia del régimen dictatorial, contribuyendo de esa manera a la violación del vigente orden constitucional.

En efecto, desde sus inicios en los años 80, la dictadura se sostiene mediante un nutrido grupo de mercenarios marroquíes (unos 350), en el que se apoya para incumplir las promesas del Consejo Militar Supremo de restablecer el orden constitucional e instaurar una democracia multipartidista.

En el periodo reciente, el régimen ha reforzado su alianza militar con el gobierno chino en aras de la construcción de la primera base de sus fuerzas navales en la costa atlántica, en el puerto de Bata. Al margen de dicho proyecto, el Ejercito Popular de Liberación chino provee también asistencia mercenaria a la dictadura, mediante un destacamento implantado en la zona de Oveng Azem, si bien se desconoce su tamaño exacto y su cometido. En una reciente entrevista concedida en noviembre 2023 al medio ruso « Russia Today » durante su ultima visita en dicho país, el tirano Obiang reconoció haber contratado « instructores chinos » que adiestran al ejercito nacional.

Si bien no se ha concretado el proyecto de contratación de los mercenarios de Wagner, el gobierno ruso es un aliado militar de la longeva dictadura de Obiang, a través de sendos acuerdos de suministro de armas suscritos en 2011 y 2017 (con el consorcio Rosoboronexport) en virtud de los que el gobierno de Guinea Ecuatorial adquirió dos sistemas antiaéreos rusos Pantsir-S1 de un coste total superior a los 70 millones de dólares, destinados oficialmente a fortalecer la seguridad marítima en el Golfo de Guinea. Paralelamente, ambos gobiernos suscribieron un pacto (en 2015) que permitía a la armada rusa disponer de instalaciones en los puertos de Malabo y Bata. Siendo su finalidad la de facilitar a la armada rusa el uso de la futura base naval china de Bata. Durante su ultima visita a Moscú el tirano reiteró su necesidad de adquirir equipamientos militares en dicho país, al tiempo que mostró su disponibilidad para albergar la futura cumbre Rusia-África. No obstante, las negociaciones emprendidas por el régimen de Guinea ante su homologo ruso no han redundado todavía en la contratación de los servicios de los mercenarios de Wagner. Rumores recientes apuntan a un posible acuerdo con empresas análogas de Bielorrusia, cuyo traslado e instalación en Guinea se prevé a corto plazo.

A defecto de disponer de los servicios de Wagner, la dictadura guineoecuatoriana ha venido contando con los servicios de mercenarios procedentes de Ucrania, pilotos de combate y tripulantes de buques de guerra, en violación de la normativa internacional, según un informe de la policía española al que ha tenido acceso el diario « El Pais » (véase su edición del 13 de julio de 2018). La dictadura guineana adquirió asimismo en dicho país diverso material bélico, una patrullera SV-01 (proyecto OPV-88, código Kasatka), una fragata F073, un barco anfibio RO2 salamander, construidos todos por la empresa ucraniana « State Research Center and Naval Design ».

Siempre en aras de ampliar y diversificar su contingente de mercenarios, la dictadura guineana ha contratado (desde 2005) a varias compañías de seguridad de Israel (Sparta Security Solutions, GOA Tactical Industries, etc) para adiestrar a la guardia presidencial de Guinea Ecuatorial y garantizar la seguridad personal de Teodorin. El tirano Obiang compró asimismo diverso material bélico en dicho país por valor de más de cien millones de dólares, a través de mediadores (Yardeba Ovadia, y los generales Shlomo Ilia y Boaz Badihi) a varias compañías como Israel Shipyards Ltd. e Israel Military Industries Ltd (IMI) para la adquisición de cuatro lanchas ultrarrápidas Shaldag.

Sin embargo, a día de hoy, el gobierno ugandés representa el mayor proveedor de mercenarios en Guinea Ecuatorial. Según un comunicado oficial de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF) enlazado por el periódico ugandes « Daily Monitor », tropas de logística, fuerzas especiales, inteligencia, médica e infantería motorizada fueron desplegadas silenciosamente en Guinea Ecuatorial en 2016 para reforzar la seguridad del presidente Teodoro Obiang Nguema. El referido contingente, integrado por un total de 250 soldados, fue desplegado en las ciudades de Bata (cuartel general de dicha fuerza operativa), Malabo y Mongomo. Habiéndose fijado el salario mensual de cada mercenario en 450 dolares US pagaderos por el gobierno de Guinea. En otros comunicados ulteriores, fechados respectivamente el 15 de febrero 2017 y el 29 de enero 2019, el ejército ugandés anunció haber enviado otro destacamento de entre 100 y 150 oficiales a Guinea Ecuatorial para reforzar la misión, y que en fecha 22 de enero de 2019, 248 soldados que prestaban servicio en el segundo equipo de entrenamiento en Guinea Ecuatorial habían regresado a sus hogares, mientras que un tercer equipo había sido desplegado recientemente.

Zimbabue, es otro país del África Austral que provee mercenarios al régimen de Malabo desde el año 2004, cuando los servicios de seguridad del Estado zimbabuense detuvieron a un grupo de mercenarios que se dirigían a Malabo para derrocar al gobierno de Obiang (operación wonga). Posteriormente, a principios del año 2015, Zimbabue desplegó un contingente de fuerzas especiales del ejército y de las fuerzas aéreas, apoyado por unidades de élite de la Unidad de Apoyo de la Policía de la República de Zimbabue (ZRP), y de la agencia nacional de inteligencia, la Organización Central de Inteligencia (CIO), para garantizar la seguridad del torneo de la Copa Africana de Naciones 2015 que se celebró en Guinea Ecuatorial. El 6 de noviembre de 2016, a petición del gobierno de Guinea, un contingente de las Fuerzas de Defensa de Zimbabwe fue destacado en urgencia en Malabo para capacitar a los oficiales del ejercito nacional sobre cuestiones operativas en virtud de un acuerdo bilateral de formación firmado a petición del Gobierno de Malabo. En contrapartida, el gobierno guineoecuatoriano rescató a su homologo de Zimbabue entre 2006 y 2007, cuando dicho país estaba siendo asolado por la hiperinflación, proporcionándole una línea de crédito para la importación de combustible de 220 millones de dólares US que ha venido ampliándose hasta le fecha (según una información difundida por el periódico estatal Herald).

Epilogo 
El terrorismo de Estado y el mercenariado contribuyen a perpetuar la dictadura que prevalece en Guinea Ecuatorial desde hace 45 años, en violación de la legalidad internacional. En tal sentido, ante la extrema degradación del contexto socioeconómico anudada a la corrupción endémica, la comunidad internacional debe propiciar una transición política que redunde en el restablecimiento del estado de derecho y de la democracia.