La Audiencia Nacional de España cita al hijo de Obiang y a la cúpula de seguridad por terrorismo, secuestro y torturas

Según publicó El País este 15 de enero de 2026, la Audiencia Nacional de España ha fijado para febrero la comparecencia como investigados de Carmelo Ovono Obiang, alto cargo de Seguridad Exterior e hijo de Teodoro Obiang, y de otros responsables de la estructura de seguridad del régimen, en una causa por terrorismo, secuestro y torturas.

La investigación se centra en el secuestro en 2019 en Yuba (Sudán del Sur) de cuatro opositores guineoecuatorianos residentes en España, Julio Obama, Feliciano Efa, Martín Obiang y Bienvenido Ndong que, según la causa, fueron trasladados posteriormente a Malabo. La información recoge además que Julio Obama murió en prisión tras el caso, un hecho que ha pesado durante años sobre la imagen internacional de la dictadura de Malabo.

Lo políticamente más significativo del movimiento no es solo la citación, sino el giro que implica. Meses atrás, desde Malabo se insistía en una idea repetida como consigna, que España no podía juzgar a un “alto funcionario” del Gobierno guineoecuatoriano y que los investigados no comparecerían ante la justicia española. Ahora, sin embargo, la estrategia cambia; la defensa propone que declaren en dependencias españolas en Malabo (embajada o consulado), una fórmula que intenta mantener una apariencia de cooperación sin asumir el escenario más temido por el régimen: que los citados pisen territorio español y queden expuestos a medidas judiciales ejecutables.

La pregunta, por tanto, se impone sola: ¿estrategia o derrota? Es estrategia porque busca controlar daños, encarrilar el proceso y rebajar la presión evitando desplazamientos. Pero también es derrota porque rompe el relato de impunidad total que el propio régimen se encargó de vender; si durante meses se proclamó que “no se puede” y hoy se busca una vía para declarar ante un juez español, es porque el cerco judicial y la erosión exterior han dejado menos margen del que aparentaban.

En ese pulso, conviene recordar un punto de fondo: la jurisdicción no la decide Malabo, la decide la justicia española cuando aprecia vínculos suficientes con el caso y con las víctimas. De hecho, el Tribunal Supremo Español ya se pronunció rechazando la pretensión de trasladar el procedimiento a Guinea Ecuatorial, subrayando, según la información publicada, la ausencia de garantías y el riesgo de que todo terminara en nada.

Si finalmente la comparecencia se materializa, el caso marcará un precedente relevante; por primera vez, la estructura de seguridad del régimen, habitualmente protegida por silencio, distancia y obediencia, se vería obligada a dar explicaciones ante un tribunal fuera de Guinea Ecuatorial. La clave será si se trata de una simple maniobra para enfriar la causa o del inicio de un camino en el que, por fin, el poder deja de dictar las condiciones.

Porque lo que está en juego no es una “declaración” más; es si la justicia española acepta un teatro diplomático en Malabo o si, por fin, obliga al régimen a mirar de frente lo que lleva años intentando enterrar bajo uniforme, miedo y silencio.