A su vez, muchos funcionarios gubernamentales han amasado vastas fortunas personales con los recursos petroleros del país. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al hijo mayor del presidente, Teodorín Obiang, de usar su cargo como ministro de Agricultura para hacerse de USD 300 millones, una cifra que supera el presupuesto combinado de salud y educación de algunos años. En junio de 2016, el presidente nombró a Teodorín vicepresidente del país.

La causa en Estados Unidos se resolvió con un acuerdo extrajudicial, y Teodorín se comprometió a entregar bienes por USD 30 millones localizados en EE. UU., mientras que está previsto que el 19 de junio de 2017 empiece en Francia un juicio en su contra, en el marco de una investigación por lavado de dinero. Los fiscales franceses sostienen que, entre 2004 y 2011, se transfirieron EUR 110 millones del Tesoro Público de Guinea Ecuatorial a la cuenta de Teodorín, y que esto financió una seguidilla de compras exorbitantes en París por valor de EUR 175, incluida una mansión, automóviles de alta gama y objetos de diseño. En octubre de 2016, Suiza inició una investigación sobre Teodorín y confiscó 11 automóviles de alta gama y un yate valuado en USD 100 millones.

Desde 2009, el gobierno ha gastado prácticamente todos sus recursos petroleros en proyectos de infraestructura a gran escala. Las evidencias halladas y las entrevistas realizadas durante las investigaciones sugieren que es común que los funcionarios gubernamentales tengan participaciones personales en sociedades que intervienen en la licitación de proyectos de infraestructura pública. Por ejemplo, empresarios y expertos del FMI dijeron a los investigadores estadounidenses que la familia presidencial posee participaciones en varias de las principales empresas constructoras del país. Una investigación del Senado estadounidense y un cable del Departamento de Estado que se filtró al público sugieren que el presidente es, al menos parcialmente, titular de la empresa que tiene el monopolio de las importaciones de cemento.

Obiang ha justificado los elevadísimos niveles de inversión en infraestructura de su gobierno aduciendo que son necesarios para modernizar al país y a su economía. No obstante, pareciera que las autocontrataciones a menudo redundan en que los precios de los contratos se aumenten artificialmente y en que se aprueben proyectos con escaso valor social, sacrificando prioridades cruciales como los servicios de salud y educación. Asimismo, debido a la opacidad y falta de competencia en el proceso de contratación, en general es imposible determinar cuál es el valor y quiénes son los beneficiarios de los contratos públicos.

Un ejemplo patente es que el gobierno está construyendo una nueva capital administrativa, Oyala, en medio de la selva, después de haber gastado cientos de millones de dólares en la construcción de edificios gubernamentales tanto en la capital de la isla, Malabo, como en Bata, la ciudad más grande, para ese mismo fin. Según un informe del FMI de 2015, el gasto total previsto para Oyala ese año ascendía USD 8.000 millones. La versión preliminar de un informe todavía no publicado del FMI, de 2016, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, calculaba que el gasto en Oyala insumiría la mitad de todas las inversiones públicas en 2016.

“Mientras se agotan sus reservas de petróleo, el gobierno intenta mantener el statu quo”, apuntó Saadoun. “Tal vez no sea demasiado tarde para dar un destino adecuado a la riqueza petrolera de Guinea Ecuatorial; sin embargo, esa posibilidad se está cerrando rápidamente”.