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Muchas entidades autónomas de Guinea Ecuatorial siguen sin pagar salarios ni proveedores. La nueva directora general de Hacienda no firma las órdenes de pago.
El miedo de una directora general recién nombrada tiene paralizados los salarios y los pagos a proveedores de buena parte de las entidades autónomas de Guinea Ecuatorial.
A 14 de octubre de 2026, muchas entidades autónomas del Estado siguen sin recibir los fondos para pagar a su personal y a sus proveedores. Afecta a organismos de todo tipo, entre ellos las federaciones deportivas. El bloqueo está en la Dirección General de Entidades Autónomas y Empresas de Participación del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda. Su titular, Benita Ebang Nzang, que en 2024 asumió la Dirección General de Economía y Cuentas Nacionales del mismo ministerio, fue nombrada el 11 de septiembre y está en el cargo desde el día 15. No firma las órdenes de pago.
Así lo explican fuentes de la administración consultadas por Radio Macuto, que atribuyen la parálisis al temor de la directora a verse implicada en un problema si estampa su firma. El régimen de Teodoro Obiang no ha dado ninguna explicación pública ni calendario de pago. Tampoco aclara por qué el funcionamiento de tantas instituciones depende de que una sola persona se atreva a coger el bolígrafo.
«Todo está estancado», resume una de las fuentes. Sin cobrar quedan los trabajadores de estos organismos y, con ellos, las empresas que les suministran bienes y servicios. La misma fuente describe el clima dentro de la administración.
«En este país nadie confía en gente que no conoce. Con tantos bloqueos y sabotajes, ya uno no sabe».
En junio, Radio Macuto informó de que las auditorías en empresas estatales empezaban a alcanzar a gestores próximos al círculo presidencial. En marzo, el Gobierno había anunciado que destinaría alrededor de 700 millones de francos CFA a auditar las cuentas públicas. Y ese mismo junio, el vicepresidente de su padre anunció la dimisión en bloque del Gabinete del primer ministro Manuel Osa Nsue Nsuga, al que reprochó haber cumplido apenas el 10 % de sus objetivos sin explicar cómo se medían. Desde entonces, cada firma en la administración puede convertirse en la prueba de cargo de mañana.
El régimen presume de perseguir la corrupción, pero ha construido una administración en la que nadie se atreve a firmar ni lo que es legal. Ella lleva un mes en el despacho. Las entidades que dependen de su firma, un mes más sin cobrar.