Caso Nuno: cómo el Estado convirtió a la víctima en deudor

En esta entrega del dossier sobre el caso de Nuno Pimentel,el empresario portugués que fue torturado, expoliado y abandonado por las instituciones de Guinea Ecuatorial, se desvela la maniobra más perversa de todas: la transformación de la víctima en deudor, mediante un montaje jurídico y empresarial operado desde las más altas esferas del poder.

Todo comenzó con un contrato aparentemente legal. Nuno firmó ante notario la adquisición de una fábrica de pescado en Bata, junto a embarcaciones y vehículos frigoríficos, a través de un acuerdo con la empresa Pesca Mar, representada por Ana Inés, esposa, Ángel Masie Mibuy. A cambio, Nuno entregaba acciones de su compañía. El contrato fue sellado, registrado y establecía que el patrimonio adquirido pasaba de inmediato a ser propiedad de la empresa del empresario portugués.

Tres meses después, el acceso a la fábrica le fue bloqueado. Masie presentó una denuncia ante la Gendarmería alegando ocupación ilegal y reclamando 1.350 millones de francos CFA (unos 2 millones de euros) en concepto de alquiler por el uso de unas instalaciones que, legalmente, ya no eran suyas. Nuno fue detenido y encarcelado en Black Beach. No hubo orden judicial. No hubo juicio. Solo una acusación fabricada para justificar lo injustificable.

“Me mandaron a la cárcel sin orden. Y ya estando preso, fabricaron el caso con Masie para mantenerme ahí”, denuncia. Uno de los elementos utilizados como pretexto fue un barco incluido en la operación, convertido en pieza central de la supuesta ocupación fraudulenta. Pero el documento que detalla la transacción contradice toda esa narrativa: “¿Voy a pagar alquiler de una cosa que me pertenece?”, ironiza Nuno, mientras muestra el contrato.

Este no fue un conflicto comercial, sino un asalto de Estado disfrazado de legalidad. Nuno sostiene que todo fue orquestado desde las estructuras del poder para bloquear una deuda pública que el régimen tenía con él. “La idea final organizada era comerse ese dinero. El gobierno no me quería pagar lo que me debía, y acabó pagando a ellos”, afirma. Lo que siguió fue la movilización de la justicia, las fuerzas de seguridad y los medios administrativos del Estado para hacer desaparecer la deuda y fabricar un deudor ficticio.

La empresa «Pesca Mar», montada al amparo de un alto cargo gubernamental, funcionó aquí como lo que realmente era: una herramienta de saqueo. Su propietario en la sombra, Masie Mibuy, no es un personaje menor del régimen. Ocupa desde 2018 el cargo de Viceprimer Ministro Segundo, y fue reconfirmado en 2023 mediante decreto presidencial. Su nombre aparece también en otras denuncias, como la de un ex trabajador que jamás fue indemnizado pese a una sentencia favorable, y cuyo expediente desapareció del Parlamento. Es el retrato de una impunidad sistemática: cargos públicos que usan empresas privadas para enriquecerse, reprimir y luego legalizar el despojo.

Este episodio cierra el caso Nuno. No es un apéndice: es la culminación del proceso. De la tortura al secuestro, de la extorsión a la inversión simulada, del silencio diplomático al remate institucional, todo converge en este desenlace. El sistema no se limitó a castigar: quiso revertir el crimen y culpar al sobreviviente.

La conclusión no puede ser más clara: en Guinea Ecuatorial, quien exige justicia puede acabar siendo perseguido como criminal. Quien resiste al saqueo, será reetiquetado como deudor. Y quien sobrevive a la tortura, cargará con una factura sellada y legalizada por el mismo Estado que lo violó.

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