
Obiang busca dinero fuera para terminar la capital que Guinea Ecuatorial lleva años pagando
El Gobierno recurre a BADEA y busca recursos de otros fondos árabes para completar Ciudad de la Paz. Siete meses después de convertirla en capital, siguen sin conocerse el importe y las condiciones de la financiación.
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Siete meses después de declarar Ciudad de la Paz capital de Guinea Ecuatorial y ordenar el traslado de las instituciones en el plazo de un año, el Gobierno recurre a financiación exterior para electrificarla. BADEA ha firmado dos acuerdos con Malabo, mientras el Ejecutivo intenta sumar recursos del Fondo Kuwaití y del Fondo Saudí. El importe y las condiciones financieras de las operaciones no se han hecho públicos.
Teodoro Obiang declaró Ciudad de la Paz capital de Guinea Ecuatorial el pasado 2 de enero. El Decreto-Ley 1/2026 dio un año a la Presidencia, los poderes del Estado, los organismos gubernamentales y las empresas públicas para adoptar las medidas necesarias para su traslado y asentamiento en la nueva capital.
Siete meses después, el Gobierno busca financiación exterior para una infraestructura básica, la electricidad.
Guinea Ecuatorial y el Banco Árabe para el Desarrollo Económico en África (BADEA) firmaron el 4 de agosto dos acuerdos. Uno financiará la primera fase de electrificación de Ciudad de la Paz. El segundo está relacionado con la participación de Guinea Ecuatorial en Shelter Afrique Development Bank, institución africana especializada en vivienda y desarrollo urbano.
La operación abre una nueva etapa en un proyecto que lleva años consumiendo recursos y cuya factura completa nunca ha sido expuesta públicamente. Radio Macuto ya abordó en mayo de 2025 la aceleración del traslado hacia Oyala, posteriormente convertida oficialmente en Ciudad de la Paz, y la opacidad que ha acompañado el coste de su construcción.
Ahora el Gobierno busca recursos fuera del país para completar lo que falta.
El ministro Iván Bacale Ebé Molina, ha situado a BADEA dentro de una estrategia más amplia. Malabo pretende obtener también financiación del Fondo Kuwaití y del Fondo Saudí para otras infraestructuras de la «nueva capital«.
Recurrir a financiación internacional para construir infraestructuras no constituye por sí mismo una anomalía; sino cuánto dinero está comprometiendo Guinea Ecuatorial y bajo qué condiciones.
Eso sigue sin conocerse.
Las informaciones disponibles sobre los acuerdos firmados con BADEA no precisan el importe destinado a la electrificación, el tipo de interés, el plazo de devolución, el periodo de gracia ni las garantías asumidas por el Estado. Tampoco permiten determinar qué cantidad corresponde a Guinea Ecuatorial en la operación vinculada a Shelter Afrique.
La falta de información financiera resulta más significativa al observar el estado de la ciudad que el régimen convirtió en capital.
En febrero, Malabo reconoció que Ciudad de la Paz contaba con unas 1.000 viviendas sociales frente a unos 24.000 funcionarios civiles en Guinea Ecuatorial. Anunció entonces nuevas construcciones y señaló entre sus prioridades escuelas, hospitales y edificios oficiales. En junio seguía estudiando la construcción de un complejo educativo con capacidad para entre 1.000 y 2.000 alumnos.
El decreto llegó antes que buena parte de la ciudad necesaria para cumplirlo.
No existen datos públicos suficientes para calcular cuánto aumentarán estas operaciones las obligaciones financieras del Estado. Tampoco puede atribuirse a Guinea Ecuatorial la totalidad de los fondos de programas regionales de BADEA o Shelter Afrique sin conocer la cantidad específicamente asignada al país.
Lo comprobable es más sencillo, el Gobierno está recurriendo a financiación internacional para completar Ciudad de la Paz y no ha publicado cuánto recibirá, cuánto tendrá que devolver ni en qué condiciones.
Después de años de construcción, la principal incógnita ya no es si Ciudad de la Paz seguirá absorbiendo recursos, sino cuánto más costará hacerla plenamente operativa y qué compromisos financieros se están firmando en nombre del país.
Mientras esas cifras y condiciones sigan fuera del dominio público, la nueva capital seguirá teniendo una parte esencial todavía sin construir, la transparencia sobre su precio.











