Annobón vuelve a señalar a Malabo por detenciones, golpes y ataques a su identidad

Las denuncias de violaciones de derechos humanos en Annobón han llevado a ASAFED, la Comisión Ecuatoguineana de Juristas y EG Justice a exigir una investigación independiente sobre los abusos atribuidos a las fuerzas de seguridad durante los primeros días de junio.

Según un comunicado conjunto fechado el 18 de junio en Madrid, Ginebra y Washington D.C., las tres organizaciones expresan su profunda preocupación por los testimonios, imágenes y denuncias recibidas desde la isla. El documento apunta a posibles detenciones arbitrarias, incomunicación, uso excesivo de la fuerza y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra residentes annoboneses.

El foco más grave vuelve a estar en los menores de edad. Las organizaciones señalan que miembros de las fuerzas de seguridad habrían empleado fuerza física contra habitantes de la isla, incluidos niños y adolescentes. También hablan de decenas de personas detenidas, entre adultos y menores, en circunstancias incompatibles con las garantías mínimas reconocidas por la legislación nacional y por los tratados internacionales firmados por Guinea Ecuatorial.

No se trata solo de una denuncia penal o policial. El comunicado coloca también sobre la mesa la persecución de prácticas culturales y religiosas tradicionales de la población annobonesa. Las restricciones al uso de vestimenta tradicional y a la celebración de actividades comunitarias, de confirmarse, supondrían un ataque directo contra la libertad religiosa, la identidad cultural y la vida colectiva de Annobón.

Las entidades firmantes recuerdan que Guinea Ecuatorial está obligada a proteger los derechos reconocidos en su propia Constitución, en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención contra la Tortura y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Malabo firma tratados, acude a foros internacionales y presume de legalidad; pero Annobón vuelve a mostrar la distancia brutal entre el papel y la vida real de los ciudadanos.

El comunicado insiste en que toda persona detenida debe conocer de inmediato las razones de su arresto, comparecer ante una autoridad judicial competente, contar con asistencia letrada, comunicarse con sus familiares y recibir atención médica cuando sea necesario. Son derechos básicos. En Guinea Ecuatorial, sin embargo, demasiadas veces se convierten en favores sometidos al humor del uniforme de turno.

Tutu Alicante, director ejecutivo de EG Justice, afirma que las imágenes y testimonios recibidos desde Annobón son “profundamente preocupantes”. También sostiene que ningún Estado puede justificar la violencia contra menores, la incomunicación de detenidos o la supresión de manifestaciones culturales pacíficas. Para EG Justice, lo ocurrido exige una investigación inmediata, independiente y transparente.

Don Cruz Melchor Eya Nchama, presidente de ASAFED, advierte por su parte de que Annobón no solo sufre aislamiento geográfico. También afronta un riesgo creciente de aislamiento político y cultural. Su lectura es clara, cuando se ataca la identidad cultural, religiosa y comunitaria de un pueblo, no se daña únicamente a personas concretas; se golpea una parte del patrimonio colectivo del país.

La situación denunciada no aparece de la nada. Annobón arrastra desde hace tiempo restricciones a las telecomunicaciones, dificultades para acceder a información independiente y denuncias recurrentes de detenciones sin garantías. La isla ha sido tratada por el régimen como un territorio lejano, vigilado y castigado, donde la opacidad funciona como método de control.

Las organizaciones piden al Gobierno que informe públicamente sobre el número, la identidad y la situación jurídica de todas las personas detenidas por los hechos de junio. También reclaman acceso inmediato a abogados, médicos y familiares, además de una investigación independiente sobre el posible uso excesivo de la fuerza y los malos tratos.

El comunicado exige además que se respeten los derechos culturales, religiosos y comunitarios de la población annobonesa. Reclama protección especial para los menores afectados y pide que se permita el acceso a Annobón de observadores independientes, organizaciones humanitarias y mecanismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

ASAFED, la CEJ y EG Justice han llamado también a los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y a otros organismos competentes para que sigan la situación y pidan explicaciones a las autoridades de Malabo.

Annobón vuelve así a quedar en el centro de una pregunta incómoda para la dictadura; qué ocurre realmente en la isla cuando se apagan las comunicaciones, se impide la verificación independiente y las familias solo pueden denunciar desde el miedo. La respuesta no puede seguir enterrada bajo comunicados oficiales, silencios administrativos y uniformes. Si no hay nada que ocultar, Malabo debería abrir Annobón a observadores independientes. Si se niega, la conclusión se escribe sola.