Malabo defiende el negocio de las deportaciones con EE. UU.

El acuerdo migratorio entre Guinea Ecuatorial y Estados Unidos, valorado en 7,5 millones de dólares, ha colocado al régimen ante la Comisión Africana por el uso del país como escala para deportaciones hacia terceros países.

El problema no se limita al dinero. La denuncia presentada por varias organizaciones de derechos humanos apunta al destino de personas expulsadas desde Estados Unidos que no son guineoecuatorianas y que, según sus abogados, ya habían obtenido protección legal para no ser devueltas a sus países de origen por riesgo de persecución, tortura u otros abusos.

Ante esa acusación, el aparato propagandístico de Malabo ha optado por la vía habitual, negar, descalificar y envolver el asunto en lenguaje diplomático. Según publicó La Nouvelle Tribune, Teddy rechazó públicamente las acusaciones de las ONG y las calificó de falsas e infames, en una reacción difundida desde su cuenta de X.

Pero un mensaje del hijo del vicepresidente de su padre no responde a las preguntas de fondo. ¿Quiénes son las personas recibidas por Guinea Ecuatorial? ¿Bajo qué garantías permanecen en el país? ¿Qué control existe sobre los 7,5 millones de dólares entregados por Washington? Y, sobre todo, ¿por qué algunas de esas personas habrían sido reenviadas a países donde afirmaban temer persecución?

La denuncia fue presentada ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en nombre de 14 africanos deportados desde Estados Unidos a Guinea Ecuatorial desde noviembre de 2025. Reuters informó de que todos ellos habían recibido protección legal en territorio estadounidense contra su repatriación.

El expediente es grave.

Seis de esas personas habrían sido enviadas desde Guinea Ecuatorial a sus países de origen durante la última semana, pese a haber expresado miedo a sufrir persecución o tortura. Tres fueron devueltas después a Guinea Ecuatorial porque sus países no las aceptaron. Los abogados perdieron contacto con otras tres. Las ocho restantes continúan detenidas en territorio guineoecuatoriano.

Associated Press también informó de que el caso busca que la Comisión Africana ordene a Guinea Ecuatorial detener nuevas deportaciones, mejorar las condiciones de detención y compensar a quienes ya fueron devueltos a sus países. Los abogados hablan de una devolución indirecta hacia lugares donde las personas afectadas pueden estar en peligro.

La imagen que intenta vender Malabo es la de un Estado que coopera con Washington en materia migratoria. La realidad descrita por las organizaciones es muy distinta; personas trasladadas a un país con el que no tienen vínculos, retenidas sin garantías suficientes y expuestas a nuevos traslados hacia destinos donde podrían sufrir represalias.

Un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos señaló que la Administración Trump envió 7,5 millones de dólares directamente al Gobierno de Guinea Ecuatorial para aceptar nacionales de terceros países. El mismo informe indicó que, hasta enero de 2026, Malabo había recibido 29 personas bajo ese mecanismo y que la mayoría fue reenviada rápidamente a sus países de origen o estaba pendiente de serlo.

La pregunta cae por su propio peso; si esas personas iban a ser reenviadas casi de inmediato, ¿para qué recibió Malabo ese dinero? Donde la transparencia brilla por su ausencia, sin control parlamentario efectivo y con una corrupción instalada en el corazón del poder, el silencio oficial no hace más que alimentar las sospechas.

El caso del Hotel Bamy añade otra capa de indignación. Associated Press describió ese establecimiento, propiedad del difunto hermano del dictador, como un lugar convertido en prisión para solicitantes de asilo deportados desde Estados Unidos. No se trata, por tanto, de una acogida humanitaria, sino de una retención forzada envuelta en propaganda.

Malabo pretende presentar el acuerdo como una prueba de responsabilidad internacional. Sin embargo, los datos conocidos muestran otra cosa, dinero opaco, personas vulnerables, detenciones cuestionadas y un régimen dispuesto a vender como cooperación lo que varias organizaciones denuncian como una operación contra derechos fundamentales.

Teodorin puede insultar a las ONG desde X. Puede hablar de acusaciones infames y fingir que el problema es de imagen. Pero la denuncia ya está sobre la mesa de la Comisión Africana. Y esta vez no se trata solo de propaganda; sino de seres humanos usados como mercancía diplomática entre Washington y una dictadura que vuelve a poner precio a la dignidad.