El régimen gastará 700 millones en auditorías para saber lo que ya debería saber

Según una nota de prensa difundida el 3 de marzo de 2026 por la web institucional del Gobierno de Teodoro Obiang, el Ejecutivo destinará “alrededor de 700 millones” de francos CFA para contratar firmas especializadas que auditen la contabilidad, la gestión y los planes de negocio de 27 entidades autónomas y empresas con participación del Estado.

La escena, por si alguien tenía dudas, ya viene con decorado oficial, Palacio del Pueblo, carpetas, portátiles, micrófonos, fotos para el álbum y la solemnidad de quien está a punto de anunciar una gran revelación… que el Estado necesita pagar para enterarse de cómo funcionan sus propias empresas.

“Que dejen de ser un gasto y se conviertan en fuentes de ingresos no petroleros”, dice el comunicado

La frase está bien para un cartel. El problema es que, en Guinea Ecuatorial, la realidad suele preguntar lo que nadie responde, ¿y el órgano del Estado que existe precisamente para fiscalizar el dinero público? Porque el país no inventó hoy la auditoría. La Ley Fundamental reconoce el control fiscal como una función pública y lo atribuye al Tribunal de Cuentas. Y, por si alguien lo olvidó, una ley orgánica lo define como un órgano constitucional técnico con autonomía y encargado de velar por la transparencia de la gestión fiscal.

Así que la “noticia” no es que se vaya a auditar. La “noticia” es que el Gobierno, en vez de reforzar y exigir resultados a sus propios órganos de control, decide abrir otra vía, con otra comisión, otra licitación y otra factura. Dicho de forma simple, si el Estado paga 700 millones para que le expliquen su contabilidad, entonces nos está contando, sin querer, que su sistema interno de fiscalización sirve para decorar organigramas.

Hablemos del número, porque también tiene su ironía. A tipo fijo, 700 millones XAF rondan 1,07 millones de euros. No es un presupuesto astronómico, pero tampoco es “calderilla” para un país donde hospitales, escuelas y servicios básicos compiten cada día con la austeridad selectiva; la austeridad que siempre cae del lado del ciudadano, nunca del lado del despilfarro institucional.

Y ahora viene el listado, que es donde el chiste se cuenta solo. La comisión encabezada por el vicepresidente de su padre dice haber seleccionado 27 entidades “estratégicas” para la diversificación nacional. A saber: SONAGAS, GEPETROL Servicios, SEGESA, GECOTEL, ORTEL, CEIBA Intercontinental, CEIBA Aeropuertos, Centro Médico La Paz (Malabo y Bata), CENTRAMED, INSESO, HOLDING, GE-Proyectos, UNGE, ENPIGE/EMPIGE, IPJ, CNEDOGE, el Hotel 3 de Agosto, Hotel Federaciones (Bata y Malabo), Bisila, Sofitel Sipopo y Djibloho, entre otras.

La pregunta que cualquier guineoecuatoriano se hace al leerlo no es “¿cómo mejorar la eficiencia?”, sino, ¿a estas alturas necesitan una auditoría para saber qué es CEIBA, qué produce, cuánto debe, cuánto ingresa y quién decide? Porque CEIBA lleva años apareciendo y desapareciendo del debate público como un fantasma con uniforme; hoy está “muerta”, mañana “resucita”, pasado “se reestructura”. Lo único constante es que, al menos en internet, sigue “volando” con páginas de ofertas, destinos y formularios de reserva. Y, para rematar la comedia administrativa, existe incluso un dominio asociado a la marca que figura directamente en venta en un portal de compraventa de dominios.

Pero la ridiculez no es solo CEIBA. En la lista entran hoteles y complejos turísticos de lujo como si fueran la gallina de los huevos de oro de la “diversificación”. Eso también es un mensaje; mientras el país arrastra urgencias sociales, se vende la idea de que la salvación vendrá de “planes de negocio” de estructuras que, en muchos casos, han funcionado como escaparates de poder, no como empresas con contabilidad transparente y objetivos verificables.

El comunicado insiste en que las auditorías permitirán “identificar deficiencias” y aplicar recomendaciones. Perfecto. Entonces toca la pregunta incómoda, ¿dónde se publican los informes? ¿Quién los lee? ¿Qué responsables rinden cuentas cuando se detectan irregularidades? Porque Guinea Ecuatorial ya ha vivido capítulos donde se habla de auditorías, comisiones y “lucha contra la corrupción” con titulares rimbombantes… y luego el país sigue igual; el informe se queda en manos de los mismos de siempre y el ciudadano solo ve el ruido mediático.

Ahí están los precedentes. En 2020, la propaganda del régimen difundió auditorías con grandes cifras y “recuperaciones” para el Tesoro, como si el problema fuera de contabilidad y no de sistema. Más recientemente, la propia web institucional ha publicado informaciones sobre desvíos multimillonarios detectados por comisiones auditoras en departamentos del Estado. ¿Y qué cambió de verdad, más allá del titular? ¿Qué mecanismo permanente quedó funcionando, sin necesidad de “reinventar” la auditoría cada vez que conviene limpiar la imagen?

Teodoro Obiang y los suyos presentan como reforma lo que debería ser rutina. La fiscalización no debería depender del humor político, ni de una “comisión” momentánea, ni de una licitación internacional, ni de una foto con micrófonos y portátiles para la televisión. Debería ser un sistema diario, institucional, con informes públicos, con responsables identificables y con consecuencias.

Y aquí está el remate que convierte la “noticia” en sátira involuntaria, si el Tribunal de Cuentas existe por ley, si la Constitución habla de transparencia fiscal, y si aun así el Estado necesita pagar 700 millones para que alguien le diga cómo están sus cuentas, entonces no estamos ante una modernización. Estamos ante una confesión.

En Guinea Ecuatorial, el dinero público siempre encuentra un camino… incluso cuando el camino consiste en pagar para descubrir por qué el dinero público siempre encuentra un camino.