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Malabo habla ahora de negociar con Wayang y de devolver dinero al Tesoro, pero evita explicar por qué el expediente se sostuvo a base de cárcel y silencio. En el centro siguen dos andaluces detenidos… y una trama que apunta a los intocables.
Según una publicación difundida en X por el vicepresidente de su padre, Teddy (@teonguema), los abogados de Wayang Teknical, empresa adjudicataria del proyecto de Televisión Digital Terrestre (TDT), han contactado con la Fiscalía del Estado para “explorar una vía de negociación” que permita cerrar el contencioso judicial en curso. En ese mismo mensaje, Teodorin afirma que la empresa propone un “acuerdo de restitución” de fondos mediante un compromiso de pago al Tesoro Público, y recuerda que Wayang habría cobrado “más de 10.600 millones de francos CFA” por la primera fase del proyecto (12 centros de emisión), que, siempre según esa versión, no se habría ejecutado, además de estar marcada por “irregularidades fiscales, actos de corrupción y sobornos”.
La novedad no es solo económica; el anuncio llega mientras siguen detenidos dos ciudadanos españoles, ambos andaluces, vinculados al caso por su relación con el proyecto de la TDT. Se trata de Javier Marañón Montero (cordobés) y David Rodríguez Ballesta (granadino), cuya situación ha sido recogida por la prensa española como parte central del expediente que Malabo presenta ahora, de repente, como un asunto negociable.
El giro, en cualquier caso, es revelador. Tras meses de opacidad y propaganda, el poder en Malabo vuelve a escoger un camino conocido, transformar un expediente con detenciones y prisión preventiva en una discusión de cifras, “restitución” y continuidad de obra. La pregunta incómoda queda fuera del tuit; si todo se reduce a devolver fondos, ¿por qué el caso necesitó primero golpes mediáticos, cárcel y silencio? ¿Quién decide cuándo se negocia y cuándo se castiga?
Y aquí aparece la coincidencia que muchos guineoecuatorianos leen entre líneas. En las últimas semanas, el foco público del escándalo de la TDT ha ido acercándose a un nombre que el régimen intenta proteger del desgaste, el del conocido como “el señor 7%”, Teodoro Biyogo Nsue Okomo, cuñado del dictador y figura señalada en conversaciones y denuncias vinculadas a contratos y comisiones. Cuando ese personaje empieza a resultar imposible de esconder sin que se note el esfuerzo, “por arte de magia” se anuncia una mesa de negociación con la empresa adjudicataria. No es justicia, es control de daños.
El propio mensaje deja, además, otro detalle significativo; se habla de “vía de negociación” con Fiscalía, pero no se menciona un calendario judicial transparente, ni garantías, ni explicaciones verificables sobre el procedimiento. En Guinea Ecuatorial, esa ausencia no es un descuido, es método. Porque cuando el escándalo amenaza con alcanzar a los protegidos, el régimen no aclara; recoloca. Y mientras el país discute cifras, los nombres de los intocables intentan volver a desaparecer del plano.