NEXOS exige transparencia sobre el acuerdo de deportación de inmigrantes entre Estados Unidos y Guinea Ecuatorial

Según un comunicado publicado en la página oficial de la plataforma pro derechos humanos NEXOS Guinea Ecuatorial y fechado en Madrid el 19 de noviembre de 2025, la organización exige al gobierno de Malabo que aclare “las circunstancias de formalización” de un acuerdo relativo a la deportación de inmigrantes subsaharianos expulsados de los Estados Unidos, por el que el Ejecutivo guineoecuatoriano habría recibido un pago de siete millones quinientos mil dólares (7.500.000 USD). NEXOS reclama transparencia total y pide la suspensión del acuerdo hasta que se garantice el respeto estricto de los derechos fundamentales de las personas deportadas.

El comunicado recuerda que la existencia de dicho acuerdo se conoció a través de publicaciones en medios internacionales como The Guardian, The New York Times o la agencia Associated Press, que se hicieron eco de una carta de la senadora demócrata Jeanne Shaheen dirigida al Departamento de Estado norteamericano. En esa misiva, la senadora pedía explicaciones por un pago “inusual” de 7,5 millones de dólares al gobierno de Guinea Ecuatorial, procedente de un fondo reservado habitualmente a crisis humanitarias y asistencia a migrantes y refugiados, y no a acuerdos de deportación con terceros países.

A partir de estos elementos, NEXOS sostiene que el acuerdo presenta “posibles visos de inconstitucionalidad”. La plataforma subraya que el pacto habría sido suscrito discrecionalmente por el vicepresidente de la república, Teodoro Nguema Obiang, “al margen de toda delegación expresa” del presidente, en violación, según el comunicado, de los artículos 33 y 41 de la Ley Fundamental, que confieren a la Jefatura del Estado la potestad exclusiva de suscribir acuerdos internacionales en nombre de Guinea Ecuatorial.

Incluso dejando a un lado esta cuestión previa, la organización recuerda que cualquier acuerdo internacional de esta naturaleza debería haber sido objeto de deliberación en el Consejo de Ministros y, posteriormente, merecer la ratificación de los representantes del pueblo en las dos cámaras del Parlamento. NEXOS considera que, tratándose de un asunto que compromete la política exterior, el uso de recursos públicos y el tratamiento de personas deportadas desde un tercer Estado, la obligación de rendición de cuentas del gobierno, “del que forman parte el presidente de la república y el vicepresidente”, es “fundamentalísima”.

En el plano económico y presupuestario, el comunicado exige que el Ejecutivo acredite la licitud del pago efectuado a favor del gobierno en relación con ese acuerdo de deportación y su conformidad con la vigente Ley de Presupuestos del Estado. De no poder justificarse plenamente en las cuentas públicas, NEXOS considera “expedita la vía para la exigencia de responsabilidad penal al vicepresidente de la república por malversación de fondos públicos”.

La plataforma centra asimismo su atención en las consecuencias humanas del pacto. Exige que el vicepresidente exponga ante la opinión pública las medidas adoptadas para garantizar “condiciones de acogida acordes a los estándares fijados por las Naciones Unidas” y para preservar el respeto a los derechos fundamentales de las personas deportadas. A tal efecto, NEXOS reclama que se acredite la existencia de un verdadero centro administrativo de acogida destinado específicamente a quienes son expulsados de Estados Unidos por carecer del derecho de permanecer en su territorio.

En caso contrario, advierte el comunicado, se incurriría en “manifiesta infracción” de la normativa internacional si las personas deportadas fueran recluidas en los centros penitenciarios del país, que se caracterizan por sus “condiciones infrahumanas (hacinamiento, privaciones alimenticias, falta de asistencia médica, etc.)”, tal como se consigna en informes de agencias especializadas de las Naciones Unidas.

NEXOS exige además que el vicepresidente se comprometa de forma expresa a garantizar el “estricto respeto de los derechos procesales de los deportados”, entre ellos el derecho a visita consular y a asistencia letrada, adecuando para ello la Ley 3/2010, de 30 de mayo, reguladora del derecho de extranjería en Guinea Ecuatorial, a las convenciones internacionales adoptadas en el marco de las Naciones Unidas.

El comunicado aprovecha también para denunciar las prácticas habituales de control migratorio en el país, que, según la plataforma, se caracterizan por “actos de xenofobia, abusos y malos tratos” y por la retención ilícita de bienes. Como ejemplo, menciona las recientes repatriaciones de súbditos cameruneses, efectuadas “en violación de la regla de libre circulación” recogida en el Acte Additionnel 01/13-CEMAC-070. NEXOS insta al vicepresidente a desmarcarse explícitamente de dichas prácticas, que se realizan, afirma, “bajo sus órdenes”.

En su conclusión, la plataforma pro derechos humanos afirma que “la sociedad civil guineoecuatoriana reagrupada en el seno de NEXOS GE insta la suspensión del referido acuerdo de deportación, hasta tanto se haga efectivo el estricto cumplimiento de la normativa internacional garante de los derechos fundamentales de las personas deportadas”.

El comunicado de NEXOS, publicado en su página oficial y dado en Madrid, a diecinueve días de noviembre de dos mil veinticinco, sitúa así al gobierno de Malabo ante la exigencia pública de explicar el destino de los 7,5 millones de dólares y el tratamiento que recibirán en territorio guineoecuatoriano las personas que Estados Unidos pretende deportar al país.