El régimen de Malabo amenaza con detener a menores

En un vídeo ampliamente difundido en las redes sociales, un miembro del régimen lanzó una advertencia tan grave como inaudita: «a partir de hoy se va a empezar a detener a menores de edad«, y serán sus padres quienes deberán pagar sumas elevadas de dinero para que recuperen la libertad.

La voz que emite la amenaza no deja resquicios a dudas: se trata de un sistema planificado de extorsión institucional. El propio funcionario advierte que nadie debe llamar al delegado del Gobierno ni al gobernador, como si quisiera dejar claro que la orden viene de más arriba y que no habrá lugar para la mediación ni la clemencia.

«Los padres que van a tener mala suerte para con sus hijos, por favor, que no llamen ni al gobernador ni al delegado de Gonierno».

El mensaje es perverso por partida doble. Primero, porque criminaliza a los menores, los más indefensos en una sociedad ya marcada por la represión y la desigualdad. Segundo, porque convierte a los padres en víctimas de un chantaje económico disfrazado de política de “orden público”.

Todo esto ocurre en un país donde la educación obligatoria es letra muerta. Miles de niños ni siquiera han podido ser inscritos en las escuelas este año, como tampoco en los anteriores, porque sus padres carecen de medios económicos y el Estado no garantiza lo más básico: aulas, material y maestros. En lugar de abrir colegios, el régimen abre la puerta a las cárceles.

Lo que revela el vídeo es la lógica mafiosa de un sistema que usa a los menores como rehenes, que convierte la represión en fuente de ingresos y que institucionaliza la corrupción hasta el extremo de hacer negocio con la infancia.

Guinea Ecuatorial es hoy un país donde ser niño no significa tener derecho a estudiar, jugar o soñar, sino correr el riesgo de acabar tras los barrotes mientras sus padres pagan por un rescate oficial. El Estado ha sustituido la escuela por la cárcel, y la infancia por el miedo.