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La historia de Nuno en Guinea Ecuatorial no comenzó con la cárcel ni la tortura. Empezó con una inversión legítima, respaldada por documentos legales firmados con el propio Estado. Pero en un país donde las estructuras públicas se han convertido en redes de extorsión, la legalidad se convierte en una trampa.
En 2021, Nuno Filipe Medeiros Pimentel firmó un contrato oficial con el Gobierno de Guinea Ecuatorial para adquirir una embarcación llamada Djibloho. El precio fue de 350 millones de francos CFA, unos 560 mil euros. La suma fue abonada por completo, y el acuerdo fue sellado por las autoridades competentes.
Poco después se formalizó la entrega del barco en el puerto de Luba. El acta firmada no dejaba lugar a dudas: la embarcación pasaba legal y definitivamente a manos del comprador.
A pesar de ello, el entonces Ministro de Transportes exigió a Nuno otros 150 millones de francos CFA, unos 230 mil euros, para autorizar el uso del barco. Nuno se negó. Tenía el contrato, el acta de entrega y la ley de su parte. El chantaje era evidente.
La prueba definitiva la aportó el propio jefe del régimen: Teodoro Obiang Nguema firmó una carta oficial dirigida al ministro, prohibiéndole pedir más dinero. El documento dejaba claro que no había deuda pendiente. Aun así, el ministro ignoró la orden de su propio presidente y mantuvo retenido el barco.
Fue entonces cuando todo cambió. El Gobierno vendió de nuevo la embarcación a un tercero, sin mediar explicación ni compensación. Nuno nunca recuperó ni el barco ni el dinero. Lo que había empezado como una operación comercial con respaldo estatal terminó como una estafa institucional sin salida.
Desde ese momento, Nuno se convirtió en un problema para el régimen. Exigía explicaciones, pedía que se respetaran sus derechos, denunciaba lo ocurrido. El Estado, acostumbrado al silencio, respondió como acostumbra: fabricando cargos, lanzando a la Gendarmería, preparando el encarcelamiento.
Así comenzó la represión. Lo que sigue, como ya veremos en los próximos capítulos, no fue solo una injusticia económica. Fue un castigo político, una tortura física y una humillación moral.
Porque en Guinea Ecuatorial, quien se atreve a reclamar justicia, termina en el calabozo.
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