Organizaciones internacionales denuncian los juicios secretos contra ciudadanos de Annobón

Una coalición de organizaciones internacionales ha hecho pública su profunda preocupación por los juicios a puerta cerrada que se están celebrando contra decenas de ciudadanos de la isla de Annobón, arrestados tras manifestaciones pacíficas contra las actividades de la empresa SOMAGEC. Entre los denunciantes figuran EG Justice, la Asociación Africana de Educación para el Desarrollo (ASAFED), Opening Central Africa Coalition (OCA), el Colectivo Sassoufit y la Plataforma Lusófona de Derechos Humanos (PLUDH).

Los procesos judiciales, que se celebran en completo hermetismo y sin permitir el acceso a abogados defensores, constituyen, según los denunciantes, una nueva agresión contra la independencia judicial y el ya maltrecho Estado de derecho en Guinea Ecuatorial. Según informaciones contrastadas por las organizaciones firmantes, veintiséis de los detenidos llevan más de diez meses encarcelados en la prisión de alta seguridad de Oveng Azem sin haber podido hablar ni una sola vez con sus abogados.

El presidente de ASAFED, Cruz-Melchor Eya Nchama, fue tajante al respecto:

“Celebrar un juicio a puerta cerrada, en ausencia de los abogados libremente elegidos por los detenidos, viola claramente la Constitución de Guinea Ecuatorial, que garantiza el derecho a un juicio previo y el derecho a la defensa en cualquier estado del proceso”.

Eya Nchama recordó además que Guinea Ecuatorial ha ratificado tratados internacionales que garantizan un juicio justo y público, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Los arrestos tienen su origen en una protesta pacífica realizada en Annobón en julio de 2024, cuando varios residentes expresaron su rechazo a las explosiones de dinamita utilizadas por SOMAGEC en sus obras de infraestructura. Los afectados denunciaban que las explosiones estaban afectando a sus viviendas, a la fauna y a la flora de la isla, declarada Reserva Natural por el propio régimen.

Lejos de escuchar las quejas ciudadanas, el gobierno respondió con una ola de represión. A las detenciones en la isla se sumaron arrestos de familiares que se desplazaron a Malabo para exigir información sobre sus seres queridos. Según el último escrito de acusación, con fecha del 10 de mayo de 2025, treinta y siete personas (33 hombres y 4 mujeres) enfrentan cargos que van desde la difamación y el “ejercicio abusivo de derechos fundamentales” hasta delitos tan graves como rebelión o alteración del orden constitucional.

Tutu Alicante, director ejecutivo de EG Justice, subraya que este episodio llega en un momento especialmente delicado para la imagen internacional del régimen:

“En marzo de este año, durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Gobierno aceptó dieciocho recomendaciones clave, entre ellas la de liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente y ratificar el Protocolo Facultativo contra la Tortura. Este juicio secreto contradice abiertamente esos compromisos”.

Las organizaciones firmantes instan al Estado guineoecuatoriano a respetar la legalidad vigente y a garantizar los derechos fundamentales de los detenidos, que fueron arrestados por actividades claramente pacíficas. Además, llaman la atención del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y otros organismos internacionales sobre la situación en las cárceles del país, donde el uso sistemático de la detención arbitraria y el maltrato sigue siendo la norma.