SEGESA licita puestos «estratégicos» mientras Malabo sigue a oscuras

Según una nota publicada por el portal oficialista AHORAEG, la Sociedad Eléctrica de Guinea Ecuatorial (SEGESA) ha lanzado una “licitación pública” para contratar “profesionales altamente cualificados” que refuercen áreas consideradas “vitales” para el desarrollo estratégico de la empresa. La convocatoria se centra en perfiles de auditoría interna, ingeniería y derecho, que supuestamente deberían contribuir a mejorar la eficiencia operativa y el cumplimiento de las normas técnicas.

Hasta aquí, el relato de escaparate: modernización, estándares, eficiencia. Pero detrás de ese lenguaje tecnocrático se esconde una realidad mucho más cruda. Lo que SEGESA presenta como “licitación pública para cubrir posiciones estratégicas” no deja de ser un proceso para ocupar puestos de trabajo que, en cualquier país normal, se ordenarían a través de ofertas de empleo transparentes, concursos u oposiciones. Convertirlo en licitación, como si se tratara de adjudicar un puente o una carretera, permite mantenerlo en el terreno cómodo de los contratos, lejos de las reglas básicas de la función pública.

La fotografía que acompaña este artículo, interceptada por reporteros de Radio Macuto en la ciudad de Malabo, muestra el estado real de los tendidos: tuberías, cables sin protección, estructuras oxidadas y amarres improvisados con alambres sobre una canalización abierta. Es ahí, y no en los comunicados oficiales, donde se explica por qué medio país vive en penumbra.

En estos días, se repiten los apagones masivos en la capital. El propio portal de la dictadura ha tenido que reconocer que numerosos barrios de Malabo amanecieron sin suministro eléctrico tras un fallo en la madrugada del 11 de noviembre, limitándose a hablar de un “fallo técnico” que preocupaba a la población por la pérdida de alimentos en los congeladores. Pocas horas después, el Gobierno se vio obligado a convocar una reunión de “crisis” presidida por, Manuel Osa Nsue, con responsables de Electricidad, SEGESA y varias empresas contratistas, tras un incendio en la línea principal de Turbogás que dejó sin luz, según la prensa oficial, a más del 80 % de la población de Malabo.

En paralelo, otra publicación de AHORAEG informaba de la comparecencia de una delegación de SEGESA ante el pleno de la Cámara de los Diputados de Teodoro Obiang. Allí, los representantes de la empresa repitieron el discurso habitual: que solo se corta la luz a morosos o a usuarios en fraude, y siempre tras una supuesta verificación previa. Los diputados, sin embargo, se vieron obligados a recordarles que aplicaran correctamente las tarifas previstas en la Ley 1/2022 y que dejaran de empujar a los clientes hacia las agencias de Rosa Money en lugar de mejorar su propio sistema de cobro. Traducido: ni los precios, ni la facturación, ni los procedimientos internos dan confianza, y el Parlamento, pese a ser un simple decorado del régimen, se ha visto forzado a admitirlo.

La crisis es tan profunda que hasta la propaganda exterior se les escapa de las manos. Un portal independiente relataba hace pocos días cómo el Palacio Presidencial quedaba a oscuras por segunda vez en menos de una semana, obligando a tirar de generadores de emergencia. Ese mismo medio recordaba los escándalos de corrupción que arrastra SEGESA: millones de francos desviados, altos cargos encausados y hasta 171 millones encontrados en la cuenta personal de una cajera de la empresa, mientras se hablaba de “situación financiera crítica” para justificar impagos a los trabajadores.

Es en este escenario, apagones en cadena, infraestructuras podridas, escándalos de corrupción y reproches incluso desde la Cámara de los Diputados, donde SEGESA anuncia ahora una “licitación pública para cubrir puestos estratégicos y fortalecer áreas claves” dentro de su estructura. El mensaje implícito es claro: después de años de mala gestión, la empresa eléctrica necesita auditores, ingenieros y juristas… pero solo ahora se acuerdan de ellos, cuando el país entero ha comprobado que el sistema no aguanta más.

La imagen que nos ha llegado de Malabo, no necesita demasiadas explicaciones: cables colgando sobre la cuneta y una infraestructura en coma, mientras a la población se le pide “prepararse mentalmente” porque la reparación “llevará su tiempo”. Lo que nunca se explica es por qué esa reparación llega tarde, dónde fueron a parar los recursos presupuestados para mantenimiento y renovación de redes, ni quién se benefició de los contratos que dejaron la infraestructura en ese estado.

El Plan Nacional de Desarrollo y los Presupuestos Generales del Estado llevan años presentando al sector eléctrico como una prioridad estratégica, con SEGESA como empresa encargada de generación, transporte y distribución en régimen de monopolio estatal. Sobre el papel, no faltan millones ni proyectos; lo que falta es competencia y responsabilidad. La prueba está a la vista: barrios enteros pasando noches a oscuras, pequeños comercios arruinando mercancía por culpa de los apagones, estudiantes estudiando a la luz de un teléfono si es que está cargado, hospitales y centros de salud obligados a sobrevivir con grupos electrógenos.

Frente a esta realidad, la nueva licitación se parece más a un movimiento de imagen que a una solución de fondo. Hablamos de “puestos estratégicos” cuando ni siquiera se ha explicado quién responde por los errores estratégicos que nos han traído hasta aquí. Se prometen “profesionales altamente cualificados” sin aclarar si tendrán libertad para destapar lo que haya que destapar o si se les contratará precisamente para seguir tapando agujeros y firmar informes a medida. Con ese simple anuncio, el propio Estado admite, aunque sea de forma implícita, que SEGESA ha estado hasta ahora plagada de mediocres colocados a dedo, incapaces de garantizar un servicio eléctrico digno.

El pueblo, mientras tanto, recibe la consigna de resignarse: prepararse mentalmente para los cortes, asumir que la luz se irá y volverá cuando quiera SEGESA, acostumbrarse a vivir entre velas, grupos electrógenos y facturas que nadie entiende. Como si la oscuridad fuera un fenómeno natural y no la consecuencia de decisiones muy concretas tomadas por personas con nombre y apellido.

La propia empresa y el Gobierno intentan presentar la situación como una simple “incidencia técnica” que se resolverá “en el menor tiempo posible”. Pero la realidad es que la avería no está solo en la línea de Turbogás ni en un tramo de cable quemado: la avería está en el modelo de gestión, en la impunidad con la que se han desviado fondos y se han multiplicado los intermediarios, en la facilidad con la que se socializan las pérdidas mientras se privatizan las ganancias.

Por eso, antes de llenar titulares con licitaciones para plazas “estratégicas”, SEGESA debería aclarar cuánto dinero se presupuestó para mantenimiento, cuánto se ejecutó realmente y quién se hizo rico mientras el tendido eléctrico se oxidaba. La población no necesita prepararse mentalmente para vivir a oscuras: los que deberían prepararse de verdad son quienes convirtieron la empresa eléctrica en un agujero negro de dinero público, porque algún día tendrán que rendir cuentas.

La única licitación que de verdad espera la ciudadanía es la que saque a concurso, a la vista de todos, la responsabilidad de quienes han hecho de la oscuridad un negocio de Estado.