Malabo recurre en enero por un palacete que se vende en octubre

Mientras el régimen prepara audiencias para enero y abril, el palacete de Teodorín en la avenida Foch tiene quince compradores y podría venderse a finales de octubre.

Hay regímenes que aprenden de sus derrotas y regímenes que las coleccionan. El de Malabo pertenece al segundo grupo. Según publicó el 14 de octubre la revista francesa Africa Intelligence, el Estado guineoecuatoriano ha vuelto a los tribunales franceses para impugnar la venta del palacete confiscado a Teodorín en el número 42 de la avenida Foch. Llega tarde; según fuentes consultadas por Radio Macuto, los recursos no paralizan una operación que está ya en su recta final. Cuando los abogados del régimen se pongan la toga, la casa será de otro.

Lo que pide Malabo retrata al régimen mejor que cualquier editorial. Según Africa Intelligence, los recursos buscan anular los actos de venta, hacer valer de nuevo la inmunidad diplomática del inmueble e incluso bloquear que el dinero se reparta entre la población guineoecuatoriana. Dicho claramente: el Estado litiga, con fondos públicos, para que el pueblo no recupere lo que le robó el vicepresidente de su padre.

La coartada de la inmunidad está más que gastada. El palacete, con discoteca y hammam incluidos, fue rebautizado como “embajada” para esquivar los embargos de la justicia francesa. No coló. La Corte Internacional de Justicia de La Haya sentenció en 2020 que el edificio nunca llegó a tener la condición de misión diplomática. Y la condena de Teodorín es firme desde 2021: tres años de cárcel exentos de cumplimiento, 30 millones de euros de multa y la confiscación del palacete. No queda instancia a la que llorar.

Mientras Malabo fabricaba papeles, Francia vendía. La Agencia de gestión y recuperación de bienes incautados (Agrasc) seleccionó candidatos por su solvencia hasta el 9 de julio, les entregó la información detallada en septiembre y fijó octubre para las ofertas definitivas. Las visitas arrancaron el 9 de septiembre con diplomáticos guineoecuatorianos todavía dentro, funcionarios pagados con dinero público enseñando, a su pesar, el botín de Teodorín a sus futuros dueños.

¿Y la respuesta política? Amenazas de opereta. El 27 de junio, la dictadura denunció una “confiscación ilegal” y amenazó con revisar todas sus relaciones con Francia, ruptura incluida. Casi cuatro meses después, nadie ha roto nada, los compradores siguen pujando y París ni se ha molestado en contestar. Las bravatas de Malabo asustan en Bata; en el distrito XVI de París provocan sonrisas.

En enero, el régimen habrá conseguido algo inédito, pagar abogados de lujo con el dinero de los guineoecuatorianos para defender una casa que ya no tiene, ante jueces que ya le dieron la espalda, y para que ese mismo dinero no vuelva nunca a sus dueños.