Carta abierta del Colectivo de Disidentes de la Diáspora al embajador David R. Gilmour

Según una carta abierta difundida este 14 de noviembre por el Colectivo de Disidentes de la Diáspora, los guineoecuatorianos en el exterior han trasladado al embajador de Estados Unidos en Malabo, David R. Gilmour, una denuncia detallada sobre la situación política y de derechos humanos en Guinea Ecuatorial, así como sobre el impacto directo que tiene la política migratoria estadounidense en un país sometido desde hace casi medio siglo a un régimen autoritario.

En el documento, los firmantes recuerdan que el presidente Francisco Macías Nguema Biyogo fue depuesto en 1979 por orden de un tribunal militar por violaciones de la Constitución, crímenes políticos, atentados contra los derechos humanos y malversación del erario público. Sin embargo, subrayan que el entonces teniente coronel Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, lejos de restaurar la legalidad constitucional, consolidó un nuevo régimen de carácter despótico que, aunque declara adherirse al derecho internacional y al sistema multipartidista, mantiene una estructura de poder basada en la represión, el fraude electoral y la apropiación de los recursos del país.

La carta detalla que las violaciones de derechos humanos, la inexistencia de justicia independiente, las elecciones controladas y la corrupción sistemática han sido ampliamente documentadas por instituciones, embajadas y organismos internacionales. Entre ellas, la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado, la Unión Europea, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Transparencia Internacional o Freedom House, además de organizaciones nacionales como NEXOS-GE. Todos coinciden en un diagnóstico: Guinea Ecuatorial funciona como un Estado capturado por un grupo que ejerce el poder con impunidad total.

Los remitentes también recuerdan los diversos procesos abiertos en países como Estados Unidos, Francia, Suiza, Brasil y Sudáfrica contra un alto responsable del régimen, por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos. Ninguno de estos casos ha tenido repercusión interna debido al control absoluto que ejerce la familia al poder sobre las instituciones, en especial sobre la justicia.

Una parte central del texto aborda el acuerdo bilateral entre el Gobierno estadounidense y el régimen de Malabo para deportar inmigrantes africanos hacia Guinea Ecuatorial, pese a que muchos de ellos ni siquiera son guineoecuatorianos. Según la carta, este pacto, por el cual Teodoro Nguema Obiang habría recibido 7,5 millones de dólares, legitima de facto a un Gobierno responsable de graves violaciones de derechos humanos, tal como ha sido señalado en los informes estadounidenses desde hace décadas.

El colectivo sostiene que la emigración masiva de jóvenes guineoecuatorianos no es una consecuencia natural de la globalización, sino el resultado de una mala gobernanza estructural que hunde al país en la pobreza a pesar de sus recursos. “La miseria no nace sola”, advierten; “se fabrica cuando quienes deberían gobernar para su pueblo gobiernan para sí mismos”.

La carta también responsabiliza a la comunidad internacional, y particularmente a Estados Unidos, de sostener, mediante cooperación selectiva o acuerdos migratorios, un statu quo que expulsa sistemáticamente a la población. Señalan que ningún muro, persecución o deportación podrá detener los flujos migratorios mientras no se aborden sus causas profundas: dictadura, corrupción, represión y ausencia de futuro.

Finalmente, los firmantes instan al embajador Gilmour y al Gobierno estadounidense a promover una transición pactada en Guinea Ecuatorial que restaure el Estado de derecho, la justicia y la democracia. Aseguran que prolongar la actual situación solo alimentará la salida de miles de jóvenes y consolidará la violencia estructural que asfixia al país.

Mientras Washington firma acuerdos de deportación e ignora las causas del éxodo, Malabo sigue produciendo la miseria que empuja a la juventud a huir. Esa diplomacia de avestruz, incapaz de enfrentar el origen real de la inmigración que Occidente dice combatir, solo perpetúa el problema. Quien evita nombrar al responsable termina siendo cómplice de la fuga de todo un pueblo.