Teresa Efua Asangono preside la sesión del Parlamento en la que el Ministerio de Hacienda de Obiang presentó el presupuesto

Presupuesto del Estado: ante el desplome del petróleo, Malabo intenta ocultar la crisis con artificios contables

El presupuesto que la dictadura llevó al Parlamento confirma una caída del 19 % del crudo y un superávit falso a costa de becas y ayudas a enfermos. También certifica la privatización silenciosa de los puertos de Malabo y Bata.

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Ante el Parlamento, el Ministerio de Hacienda de Obiang Nguema presentó un balance engañoso del presupuesto de 2025 y de las previsiones para 2027. Tras las promesas de rigor y protección social, las cifras oficiales revelan una caída vertiginosa de los ingresos petroleros, gastos sociales aplazados para exhibir superávits artificiales y una retirada masiva del Estado en favor de concesiones opacas.

Por OLBIF

En un hemiciclo sin Molina, oportunamente de viaje en el extranjero, el Ministerio de Hacienda acudió a justificar el naufragio presupuestario del ejercicio 2025. El Ejecutivo reconoce que el impuesto de sociedades pagado por las petroleras solo alcanzó el 55 % de lo previsto. Aunque el poder intenta escudarse en la salida de ExxonMobil en junio de 2024 y en las averías del buque Serpentina, estas cifras confirman sobre todo la absoluta falta de preparación del régimen ante el fin de la renta.

Con una producción de crudo que se desploma un 19 % (de 21 a 17 millones de barriles) y un retroceso similar de los condensados (−19,3 %), las arcas del Estado se vacían. Para tapar los agujeros, el Gobierno impuso un recorte lineal del 15 % en subvenciones y transferencias. El Ejecutivo jura que ha protegido el sector social, pero las cifras de ejecución de 2026 desmienten de inmediato ese discurso tranquilizador.

Por otra parte, los escasos motivos de satisfacción que exhibe el ministerio plantean dudas sobre la presión que soportan los ciudadanos:

  • Una deuda contenida con respiración asistida: el saldo vivo de los títulos del Tesoro alcanzó los 390.011 millones de francos CFA a finales de 2025, un nivel que el poder considera tranquilizador pero que pesa mucho sobre la tesorería nacional.

  • Unos tributos que se acumulan sin resultados visibles: mientras la Tasa de Integración Comunitaria (TCI) supera lo previsto (2.457 millones de FCFA), el descuento mensual de 10.000 FCFA impuesto a los residentes para vivienda social ha permitido a la entidad ENPIGE amasar 2.295 millones de FCFA entre marzo de 2019 y agosto de 2026, sin que la población haya visto una solución concreta a la crisis de la vivienda.

Superávits ficticios y liquidación de infraestructuras para 2027

Sobre el ejercicio 2026, el Gobierno acabó confesando que el superávit presupuestario registrado a 30 de junio no era más que una ilusión contable. Ese saldo positivo se explica simplemente porque no se pagaron ni se contabilizaron gastos sociales esenciales, como las becas de estudio y las ayudas a enfermos. El método consiste en hacer esperar a los más vulnerables para enseñar a las instituciones unas cuentas presentables.

Para 2027, el proyecto de presupuesto confirma el abandono progresivo de los activos nacionales y una gestión errática:

  • El espejismo de la autofinanciación: después de engullir miles de millones de dinero público sin rentabilidad alguna, entidades como la aerolínea Ceiba Intercontinental o la fábrica de atún de Annobón reciben de pronto la orden de autofinanciarse sin subvenciones directas. Al mismo tiempo, el ministerio promete multiplicar por catorce los ingresos de Ceiba Aeropuertos gracias a la explotación de los aeropuertos de Bata y Mongomeyen, una proyección difícil de creer dado el escaso tráfico de estas infraestructuras sobredimensionadas.

  • La privatización silenciosa de los puertos: la caída del 85 % de los ingresos y gastos de APGE-Bata certifica que los puertos estratégicos de Malabo y Bata pasaron en abril de 2026 a manos de la empresa privada Alport GE, SA, lo que priva al Estado de una fuente directa de ingresos soberanos.

  • La sanidad, con lo justo para sobrevivir: aunque el presupuesto refleja un aumento de las transferencias a los centros de salud pública (20.400 millones de FCFA) y una partida de 13.000 millones de FCFA para los hospitales traspasados del INSESO, la masa salarial total del Estado se estanca en 244.490 millones de FCFA (+1 %), lo que confirma la congelación de hecho de los sueldos de los funcionarios frente a la inflación.

Por último, que el propio ministerio admita «omisiones técnicas» en los anexos presupuestarios —que afectan, entre otros, a la eléctrica SEGESA, al CICTE o a los fondos vinculados al Senado— ilustra la opacidad persistente que rodea la gestión del dinero público, muy lejos de las declaraciones de intenciones sobre transparencia presupuestaria.

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