Malabo remata su soberanía marítima con Lloyd’s Register

Malabo ha vuelto a envolver una operación estratégica en papel de “modernización”. Esta vez, el acuerdo firmado con Lloyd’s Register para reactivar el registro de buques y reformar el marco jurídico marítimo se vende como un avance técnico. Pero en un país donde los grandes contratos se negocian lejos del control ciudadano, la pregunta sigue flotando sobre el puerto: quién se beneficiará realmente de esta nueva cesión del sector marítimo nacional.

Por OLBIF

El martes, en la Presidencia del Gobierno, Manuel Osa Nsue Nsua recibió a Salah Boudemala, vicepresidente de Lloyd’s Register, en una reunión presentada por el aparato de propaganda oficial como un paso decisivo para ordenar el sector marítimo guineoecuatoriano. Según la versión difundida por Malabo, el acuerdo permitirá reactivar el registro de buques, revisar la normativa marítima y empujar al país hacia la categoría de supuesto centro logístico regional.

Cada vez que la dictadura habla de modernización, cooperación internacional o diversificación económica, conviene mirar debajo de la alfombra. Porque detrás del lenguaje técnico, de las fotografías protocolarias y de las manos estrechadas ante las cámaras, suele esconderse la misma operación de siempre, presentar como avance nacional lo que en realidad puede terminar siendo otra parcela estratégica entregada a intereses externos bajo control de una minoría acostumbrada a tratar el Estado como finca familiar.

Lloyd’s Register no es una empresa cualquiera. Se trata de una antigua firma británica de clasificación, asesoramiento técnico y servicios de cumplimiento en el sector marítimo y offshore, con origen en 1760. Su experiencia internacional no está en discusión. Lo que sí está en discusión es el uso político que hace Malabo de este tipo de acuerdos. En manos de un Estado transparente, una colaboración así podría servir para ordenar el sector, elevar estándares, mejorar controles y fortalecer la autoridad marítima. En manos del régimen de Obiang, el asunto despierta preguntas mucho menos cómodas.

El proyecto anunciado incluye transporte, hidrocarburos, gestión de terminales, sector pesquero y reactivación del registro de buques. También se habla de actualizar el marco jurídico que regula la actividad marítima nacional. Todo suena impecable sobre el papel. Pero en Guinea Ecuatorial, el papel aguanta demasiadas cosas. La ley existe, los decretos se publican, los planes se anuncian y los informes se exhiben; luego, en la práctica, el país sigue funcionando según la voluntad del clan que ocupa el poder desde hace décadas.

Honorato Evita Oma y los demás funcionarios presentes pueden felicitarse todo lo que quieran por la “colaboración internacional”. La cuestión de fondo no es la foto, sino el beneficio real. ¿Servirá este acuerdo para que los ciudadanos de Malabo, Bata, Luba, Mbini, Corisco o Annobón vean una mejora concreta en sus condiciones de vida? ¿O será otra vía para crear estructuras, tasas, intermediarios, comisiones y contratos opacos alrededor de un sector estratégico?

El mar de Guinea Ecuatorial no es un decorado para ceremonias oficiales. Es una fuente de riqueza, comunicación, pesca, seguridad y soberanía. Sus puertos, sus aguas y su registro marítimo forman parte de los pocos espacios desde los que el país podría construir una economía real al servicio de la población. Pero el régimen lleva años demostrando que no entiende la soberanía como patrimonio nacional, sino como mercancía disponible para sostener su supervivencia política.

Este acuerdo llega, además, después de otras decisiones que apuntan en la misma dirección, como la concesión de los puertos de Malabo y Bata a intereses extranjeros. La dictadura llama a eso apertura económica. Radio Macuto lo llama por su nombre, pérdida progresiva de control sobre infraestructuras estratégicas en un país donde los ciudadanos no son informados, no son consultados y no tienen mecanismos reales para fiscalizar nada.

El régimen quiere sonar moderno ante los socios extranjeros mientras mantiene a su propio pueblo atrapado en una administración podrida, arbitraria y profundamente desigual.

Ningún acuerdo con una firma prestigiosa puede blanquear por sí solo la gestión de una dictadura. La modernización técnica puede ordenar papeles, actualizar normas y mejorar procedimientos. Pero no sustituye la transparencia. No reemplaza la rendición de cuentas. No limpia décadas de saqueo. No convierte en Estado serio a un sistema donde las decisiones nacionales se toman entre familiares, aduladores y operadores políticos al servicio de la familia gobernante.

Guinea Ecuatorial necesita saber qué se ha firmado, por cuánto tiempo, con qué obligaciones, con qué costes, bajo qué control parlamentario, con qué garantías públicas y quién se beneficiará económicamente de esta operación. Hasta que esas respuestas existan, la “modernización marítima” será otra palabra elegante para tapar lo de siempre, un país rico administrado como botín privado.