España procesa a Carmelo Ovono Obiang por el secuestro de Juba y las torturas a cuatro opositores

Según un auto de procesamiento dictado por el juez Santiago Pedraz (Audiencia Nacional), la justicia española procesa a Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de Seguridad Exterior e hijo del dictador Teodoro Obiang, junto a Nicolás Obama (ministro de Seguridad Nacional) e Isaac Nguema Ondo (Seguridad Presidencial) por secuestro con finalidad terrorista, torturas y lesa humanidad, en relación con el rapto de cuatro opositores en 2019 en Yuba (Sudán del Sur).

“Una invitación que habría sido una trampa”

El auto sitúa el origen de la operación en una maniobra de engaño; Feliciano Efa Mangue, Julio Obama Mefuman, Bienvenido Ndong Ondo y Martín Obiang Ondo salieron desde Madrid hacia Sudán del Sur tras una invitación que, siempre según el instructor, habría sido utilizada para facilitar el secuestro. Después fueron trasladados por la fuerza a Guinea Ecuatorial e ingresados en una prisión de Malabo, donde presuntamente fueron torturados, imputándoles su participación en un supuesto golpe de Estado.

Dos de los secuestrados, Julio Obama y Feliciano Efa, tenían nacionalidad española. La causa carga además con un hecho que persigue a las familias desde hace años; Julio Obama murió bajo custodia y, según ha venido denunciándose en el procedimiento, sus restos no han sido repatriados, pese a las peticiones cursadas desde España.

En la calificación jurídica que recoge el auto, el instructor asume que el caso no se limita al rapto, incluye torturas y delitos contra la integridad moral, desaparición forzada ligada a la finalidad de extender el terror como método de control político y, alternativamente, lesa humanidad por un ataque generalizado.

Este procesamiento llega tras una instrucción marcada por choques internos y por la resistencia a consolidar medidas que la Sala terminó imponiendo. No es un detalle menor: el propio Pedraz intentó archivar y ceder la jurisdicción a Malabo. El 9 de enero de 2024, el Consejo General del Poder Judicial informó de esa cesión, apoyada en una comisión rogatoria guineoecuatoriana. Meses después, la Audiencia Nacional anuló aquella decisión. Y el 17 de septiembre de 2025, el Tribunal Supremo cerró la puerta al traslado del caso, subrayando la “falta absoluta de cooperación” y advirtiendo que la jurisdicción invocada por Malabo buscaba “garantizar la impunidad” de sus autoridades.

“No tiene los efectos de ponerlos a disposición de la justicia española”

Radio Macuto ha ido siguiendo ese pulso judicial paso a paso. El 22 de febrero de 2024, la Sala de lo Penal dio luz verde a órdenes de detención nacionales e internacionales contra los tres altos cargos investigados. Cuando Interpol pidió más información para sostener la búsqueda y captura, la Sala obligó a responder; 23 de diciembre de 2024, Pedraz tuvo que remitir los datos reclamados. El País añade ahora un elemento revelador del clima en la instrucción, cuando la Sala le obligó a librar la orden, acabó firmándola un juez sustituto.

El procesamiento también se entiende a la luz del último plantón, el 4 de febrero de 2026; los investigados volvieron a eludir declarar (esta vez, incluso tras intentarse una videoconferencia), y la Sala dejó escrito que una declaración remota no equivale a ponerse a disposición efectiva de la justicia española; solo cabría esa declaración tras ejecutarse las órdenes de detención internacionales. En el mismo episodio, Teodorín proclamó públicamente que ningún miembro del Gobierno pasaría ante la justicia española.

Con el auto de este 2 de marzo de 2026, el juez ratifica la prisión provisional y mantiene activas la búsqueda y captura de los tres procesados, dejando además abierta la puerta a que nuevas diligencias concreten o incluso modifiquen la calificación.

Lo que queda, por tanto, es una fotografía nítida; cuatro opositores salieron del exilio pensando que viajaban por un trámite y terminaron en una celda; uno murió y ni siquiera han permitido cerrar el duelo con una repatriación. La maquinaria del régimen no discute los hechos en un juzgado, se atrinchera, niega y bloquea. Pero el sumario ya tiene nombres, y España ha decidido que esta historia no se archiva por cansancio.