La Corte Internacional de Justicia dicta sentencia en el caso de Guinea Ecuatorial contra Francia

Por Gabriel de Oliveira Borba

El pasado 11 de diciembre de 2020, la Corte Internacional de Justicia dictó sentencia sobre el fondo del caso de Guinea Ecuatorial contra Francia. En el litigio se discutía la posible violación de la inmunidad penal del entonces Vicepresidente de la República de Guinea Ecuatorial encargado de la Defensa y la Seguridad del Estado, Teodoro Nguema Obiang Mangue, así como del edificio que actualmente alberga la Embajada del país en Francia en la ciudad de París.

Las acusaciones de Guinea Ecuatorial se iniciaron después de que Teodoro Nguema Obiang Mangue fuera acusado penalmente por la justicia francesa de malversación de fondos públicos en su país de origen, cuyos beneficios fueron supuestamente invertidos en Francia. Las investigaciones comenzaron en 2007, y en 2011 la justicia francesa ordenó el registro y la incautación de los objetos de lujo encontrados en el edificio de la calle Forch atribuidos al Sr. Mangue. Según la interpretación francesa, llevado posteriormente por Francia a la Corte Internacional de Justicia, en el momento de las investigaciones, el edificio no estaba catalogado como lugar de misión diplomática y, por lo tanto, no estaba protegido por ninguna inmunidad prevista por el derecho internacional, contrariamente a lo que reivindicaría Guinea Ecuatorial a partir de entonces como prueba de la ilegalidad del acto francés.

En 2012, los tribunales franceses ordenaron el embargo del edificio situado en el número 42 de la avenida Forch de París, que, según las autoridades francesas, había sido adquirido con fondos ilícitos pertenecientes al Sr. Mangue, quien, al parecer, era el verdadero propietario del inmueble.

En 2016, Guinea Ecuatorial presentó una demanda contra el Estado de Francia ante la Corte Internacional de Justicia, alegando que el Sr. Teodoro Nguema Obiang Mangue tendría derecho a la inmunidad diplomática por las acusaciones penales presentadas por el Estado francés, y que el asunto penal debería ser resuelto exclusivamente por el poder judicial de Guinea Ecuatorial. El principal argumento presentado por Guinea Ecuatorial en el caso, sin embargo, se refería a la incautación del edificio situado en el número 42 de la avenida Forch, que al menos desde 2011 funcionaría como una de las sedes de la misión diplomática del país en Francia, según las autoridades guineanas.

En la sentencia de diciembre de 2020, la Corte Internacional de Justicia consideró que el edificio situado en el número 42 de la calle Foch nunca adquirió la condición de «lugar de misión diplomática» de la República de Guinea Ecuatorial en la República Francesa, por lo que no gozaba de inmunidad diplomática frente a las actuaciones de las autoridades francesas.

El término «local de misión diplomática» está definido por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en su artículo 1 (i), considerándose así los edificios, o parte de los edificios y terrenos anejos a los mismos, sea quien sea su propietario, utilizados para los fines de la misión diplomática, incluyendo incluso la residencia del Jefe de la Misión. La protección de los locales de una misión diplomática está instituida por el artículo 22 del Convenio, que trata de su inviolabilidad y de la obligación especial del Estado receptor de adoptar las medidas adecuadas para la protección de los locales contra toda intrusión, perturbación o delito. En consecuencia, estos lugares no pueden, por regla general, ser objeto de registro, requisa, incautación o medidas de ejecución por parte del Estado que recibe la misión diplomática.

Sin embargo, en el caso de Guinea Ecuatorial contra Francia, el Tribunal sostuvo que la Convención de Viena no puede interpretarse de manera que otorgue un poder unilateral al Estado remitente (en este caso, la República de Guinea Ecuatorial) para elegir la ubicación de la misión diplomática, que debe ser de mutuo acuerdo entre los Estados implicados. Esta interpretación desestima la tesis planteada por Guinea Ecuatorial de que el Estado receptor (Francia) había actuado de forma arbitraria, discriminatoria y extemporánea al oponerse a la designación del edificio como parte de la misión diplomática. Al no considerar el edificio de la avenida Foch como «lugar de misión«, el Tribunal determinó que el artículo 22 no se aplicaba al caso, el edificio no adquiría inmunidad diplomática y permitía las incautaciones determinadas por los tribunales franceses.

Al final del juicio, doce jueces del Tribunal, entre ellos el brasileño Antonio Augusto Cançado Trindade, declararon que la República Francesa no había violado las obligaciones contenidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, rechazando también los demás argumentos instruidos por la República de Guinea Ecuatorial.

Cosmopolita