Sin justicia, Guinea Ecuatorial no tiene futuro

Una reflexión del poeta Francisco Ballovera Estrada, acompañada por la imagen de un muchacho que carga una bandeja de djaka mientras contempla la ciudad, retrata un país donde la impunidad no solo castiga el presente, también roba el porvenir de las nuevas generaciones.

Con esa fotografía, Ballovera Estrada publicó en su muro de Facebook un diagnóstico directo:

«Desgraciadamente, si las autoridades judiciales actuales no hacen lo que deben para tratar de remediar tantas injusticias y la profunda desilusión causada en la población, nosotros ni las futuras generaciones de nuestro país podremos ganar la necesaria batalla contra la corrupción, el subdesarrollo, el analfabetismo, la desigualdad, el hambre, la discriminación, etc., porque hemos llegado a institucionalizar el desorden hasta el punto de que la corrupción parece estar consentida por la propia ley».

El poeta señala el círculo que mantiene atrapado al país. Cuando la justicia no funciona, la corrupción deja de temer al castigo, el saqueo encuentra protección y la desigualdad se perpetúa.

Su llamada a las autoridades judiciales conduce al verdadero problema. No basta con exigir valentía a los jueces cuando su carrera depende del poder al que deberían vigilar.

La justicia en Guinea Ecuatorial no falla por accidente. El artículo 96 de la Ley Fundamental coloca al presidente de la República al frente del Consejo Superior del Poder Judicial y le permite nombrar a sus otros seis miembros. Quien dirige el Gobierno controla también el órgano de gobierno de los jueces.

Freedom House sostiene en su informe de 2025 que el poder judicial guineoecuatoriano permanece bajo control presidencial. En esas condiciones, la honradez de un magistrado sirve de poco si el sistema puede premiar su obediencia o castigar su independencia.

La corrupción no ha sido legalizada. Tampoco lo necesita. Basta con aplicar la ley de manera selectiva: implacable contra quien carece de protección e inofensiva cuando alcanza al círculo del poder. Robar al Estado, abusar de un cargo o apropiarse del dinero público deja entonces de tener consecuencias para quienes cuentan con el apellido o las relaciones adecuadas.

El daño sale de los tribunales y llega a la vida cotidiana. Cada recurso desviado falta después en una escuela, un hospital o una oportunidad de empleo. La juventud aprende que prepararse no garantiza nada y que obedecer puede resultar más rentable que merecer.

La justicia no resolverá por sí sola el hambre, el analfabetismo o el subdesarrollo. Pero sin jueces independientes será imposible controlar el dinero público, frenar el saqueo y defender al ciudadano frente a los abusos del poder.

La fotografía pone rostro a esa factura. Ante el muchacho debería abrirse un porvenir. En lugar de oportunidades, carga sobre la cabeza el peso de un país donde la impunidad también se hereda.