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La Voz de Los Sin Voz
El abogado español Aitor Martínez, reconocido por su trabajo en causas de justicia universal, ha puesto de nuevo en el foco internacional a la dictadura de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, al revelar una trama de secuestros internacionales, torturas y desapariciones forzadas ejecutada por altos cargos del régimen contra opositores guineanos refugiados en el extranjero.
El caso, actualmente bajo investigación en el Tribunal Supremo de España, señala directamente a Carmelo Ovono Obiang, hijo del dictador y secretario de Estado de Seguridad Exterior, Nicolás Obama Nchama, ministro del Interior, e Isaac Nguema Ondo, director general de Seguridad Presidencial. Los tres figuran como presuntos responsables de una operación clandestina que incluyó la captura y traslado forzoso de ciudadanos guineanos desde países africanos hasta Malabo, donde fueron brutalmente torturados.
Según detalla Martínez, cuatro de las víctimas residían en España, y dos de ellas poseen nacionalidad española, lo que refuerza la competencia de la justicia española para investigar los hechos bajo el principio de jurisdicción universal. La querella presentada acusa a los implicados de secuestro con finalidad terrorista, torturas y desaparición de personas, delitos que el Tribunal Supremo ha considerado suficientemente graves como para rechazar la solicitud de Malabo de asumir la investigación.
La decisión judicial es un golpe a las maniobras del régimen, que intentó neutralizar el proceso alegando soberanía nacional. El Supremo fue tajante: Guinea Ecuatorial no ofrece garantías de independencia judicial ni de respeto a los derechos humanos, lo que impide delegar el caso. En consecuencia, la investigación seguirá su curso en España, abriendo la puerta a un precedente de alcance internacional.
Aitor Martínez ha descrito con crudeza la magnitud del entramado represivo: “No se trata de hechos aislados, sino de una política sistemática de persecución extraterritorial contra la disidencia”. Sus declaraciones confirman lo que las víctimas y organizaciones de derechos humanos han denunciado desde hace años: que el régimen de Obiang ha convertido el secuestro político en una extensión de su aparato de control más allá de las fronteras.
Estos crímenes, ejecutados con métodos propios de servicios secretos autoritarios, buscan eliminar cualquier disidencia exterior, enviar un mensaje de terror a la diáspora guineoecuatoriana y reafirmar la impunidad del poder en Malabo. Muchos de los secuestrados desaparecieron durante semanas antes de reaparecer en vídeos difundidos por los medios del régimen, forzados a confesar supuestos delitos o a “reconciliarse” con el dictador.
El trabajo de Martínez, junto a otros juristas comprometidos con los derechos humanos, está permitiendo documentar judicialmente una práctica que durante años permaneció oculta bajo el silencio diplomático y el miedo. Su investigación podría abrir una vía histórica para que las víctimas obtengan reparación y para que los responsables, por primera vez, se enfrenten ante un tribunal independiente.
Más allá del proceso judicial, esta causa simboliza un desafío moral al régimen de Obiang, que se ha beneficiado durante décadas de la impunidad y la complicidad internacional. Lo que está en juego no es solo la suerte de las víctimas, sino el derecho del pueblo guineoecuatoriano a vivir sin miedo, a disentir sin desaparecer, y a ver finalmente a los verdugos rendir cuentas por sus actos.
El eco de este caso ha traspasado fronteras, y el nombre de Guinea Ecuatorial vuelve a resonar no por el petróleo ni por la ostentación de sus dirigentes, sino por la valentía de quienes exigen justicia.
Frente al silencio impuesto, la denuncia de Aitor Martínez reabre una esperanza: que el tiempo de la impunidad puede estar llegando a su fin.
