La administración Trump elude responder por el pago de 7.5 millones al régimen de Teodoro Obiang

A pesar de la presión del Senado estadounidense, la administración Trump, encabezada en el Departamento de Estado por Marco Rubio, ha evitado ofrecer una respuesta contundente sobre el controvertido pago de 7,5 millones de dólares al gobierno de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a cambio de aceptar inmigrantes deportados desde Estados Unidos.

Según medios como AP News y The Guardian, una portavoz del Departamento de Estado se limitó a declarar que “implementar las políticas migratorias de la administración Trump es una prioridad” y que “no se harán comentarios sobre las comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos”. Ninguna referencia a la carta de la senadora demócrata Jeanne Shaheen, que exige explicaciones por el uso de fondos humanitarios para financiar acuerdos con un régimen acusado de corrupción y violaciones de derechos humanos.

Shaheen, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, recordó que el dinero procede del Migration and Refugee Assistance Fund (MRA), un fondo creado para apoyar a refugiados y víctimas de conflictos, no para pagar a gobiernos extranjeros por recibir deportados. En su carta del 10 de noviembre, dirigida al secretario de Estado Rubio, la legisladora pidió que se aclare la legalidad del pago, la existencia de un acuerdo formal y las medidas de control que eviten que esos fondos alimenten la corrupción o el tráfico de personas.

Hasta el momento, no ha habido respuesta oficial a esas preguntas. Tampoco se ha publicado el supuesto acuerdo con Guinea Ecuatorial ni se han ofrecido garantías de seguridad para las personas deportadas, que podrían ser trasladadas a un país donde la represión y la tortura forman parte del sistema penitenciario.

El monto transferido, 7,5 millones de dólares, supera toda la ayuda oficial otorgada por Washington a Malabo en los últimos ocho años, lo que incrementa las sospechas sobre los intereses reales detrás de la operación.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos y África Central alertan de que el acuerdo podría sentar un precedente peligroso en materia de externalización de deportaciones, abriendo la puerta a que regímenes autoritarios se conviertan en socios retribuidos para recibir migrantes rechazados por potencias occidentales.

“El Departamento de Estado no puede mirar hacia otro lado mientras paga a un régimen que figura en sus propios informes como violador sistemático de derechos humanos”, señaló un analista del Migration Policy Institute citado por The Guardian.

Malabo guarda silencio, como es habitual cuando se trata de dinero. Y más aún si, como todo indica, ese dinero terminará en los derroteros que el régimen acostumbra, lejos del pueblo y al servicio del poder.