El INSESO borra cinco meses de nombramientos por orden de la Presidencia

Documentos internos interceptados por reporteros de Radio Macuto muestran que el INSESO anuló 37 nombramientos aprobados el 24 de marzo de 2026. La marcha atrás obedece a una orden superior que afecta también a contrataciones, salarios y movimientos de nómina realizados durante la gestión interina. Las resoluciones no cuantifican el coste ni señalan responsables.

Las copias examinadas llevan el membrete del Instituto de Seguridad Social, el sello institucional y una firma atribuida a la Presidencia de su Consejo de Administración. El mensaje que las acompaña resume el desconcierto con una frase, «Ya no se entiende nada«. Las fechas, los nombres y las órdenes recogidas permiten reconstruir el origen de ese desorden.

La primera resolución está fechada el 24 de marzo. Mediante ella fueron designadas 37 personas para ocupar puestos regionales, provinciales, sanitarios y administrativos. La lista comprendía la Secretaría, la Intervención y la Administración regionales, delegaciones provinciales, hospitales, centros de salud, inspección, prestaciones sociales, subsidio familiar, auditoría interna, control externo, patrimonio y archivo.

La lista comprendía la Secretaría, la Intervención y la Administración regionales, delegaciones provinciales, hospitales, centros de salud, inspección, prestaciones sociales, subsidio familiar, auditoría interna, control externo, patrimonio y archivo.

Cinco meses después, la institución dejó sin efecto todas esas designaciones.

La resolución de anulación, fechada el 24 de agosto, se apoya en una orden de la denominada Presidencia del Gobierno, identificada con el número 26-2329-010 y emitida el 23 de junio. Tras esa fórmula institucional se encuentra la presidencia del padre e hijo.

Según el texto, la orden de la superioridad anulaba «todos los cambios estructurales y funcionales» realizados durante la Delegación Nacional Interina. La medida incluía nuevas contrataciones, incrementos salariales, altas y bajas en la nómina y otras decisiones relacionadas con el personal.

Entre la orden y su ejecución transcurrieron 62 días. Ninguna de las copias explica ese retraso ni permite saber si las personas nombradas continuaron ejerciendo sus funciones o percibiendo las remuneraciones correspondientes durante ese periodo.

La decisión manda reincorporar a los anteriores responsables, pero no establece desde qué fecha tendrá efectos económicos. Tampoco aclara la validez de las actuaciones realizadas entre marzo y agosto por quienes ahora pierden sus cargos.

La relación elaborada para ejecutar la anulación solo recoge 18 puestos. Catorce tienen un antiguo ocupante reconocido. Los otros cuatro, correspondientes a la Jefatura de Inspección Regional, la Dirección Gerente del Hospital Nuevo INSESO y las secciones de Prestaciones Sociales de Ebibeyín y Mongomo, aparecen como vacantes. Los 19 cargos restantes de la lista inicial quedan sin explicación.

Benjamín Abaga Nzo fue designado delegado provincial de Djibloho en marzo. En agosto aparece reconocido como secretario provincial del INSESO en Ebibeyín. Miriam Teresa Nchama Mosuy pasó de la Sección de Caja de Bata a la Inspección Regional de Servicios y ahora es devuelta a su puesto anterior.

La documentación no identifica a las personas contratadas, los beneficiarios de las mejoras salariales ni las cantidades abonadas. Tampoco indica si esos pagos serán revisados o si se realizará una auditoría. El INSESO corrige el organigrama, pero guarda silencio sobre el dinero.

Estas resoluciones no bastan para afirmar que hubo corrupción o apropiación de fondos. Sí acreditan una marcha atrás institucional de gran alcance y una falta de explicaciones sobre decisiones que afectaron al personal y a las cuentas de la Seguridad Social.

Si los cambios eran improcedentes, el INSESO debe explicar quién los autorizó y por qué permanecieron vigentes durante meses. Si se adoptaron conforme a sus normas, debe justificar por qué fueron anulados en bloque.

La institución administra recursos destinados a trabajadores, pensionistas, asegurados y centros sanitarios. Borrar los nombramientos no resuelve el problema. Falta publicar el coste de la operación, aclarar la situación de los puestos omitidos e identificar a quienes tomaron las decisiones. Hasta entonces, el desorden está documentado y la responsabilidad continúa vacante.

Radio Macuto ha preservado los elementos que podrían facilitar la identificación de la procedencia de las copias. La información publicada se limita al contenido legible de las resoluciones examinadas.