Las plazas públicas en venta en la Administración de Guinea Ecuatorial

Apenas unos días después de la publicación de la Orden Ministerial Número 3/2025, fechada el 28 de mayo, por la que se adjudican 1.051 plazas vacantes en la Administración Central del Estado, las acusaciones de corrupción no se han hecho esperar. Mientras el Gobierno presume de transparencia en el proceso, las calles, y los pasillos de los propios ministerios, cuentan una historia distinta: quien no paga, no trabaja.

Según numerosos testimonios, se están exigiendo pagos de hasta 800.000 francos CFA a los aspirantes para figurar entre los “nominados”. Un proceso que debería basarse en mérito y justicia se ha convertido en una subasta encubierta. “Aquí no importa cuánto sacaste, sino cuánto tienes”, comenta un participante que prefirió el anonimato. “Un compañero mío tenía cero en las pruebas y ya está trabajando. A mí, con buena nota, me dijeron que no hay sitio”.

La Orden Ministerial se basa en la anterior Orden 2/2021, por la que se ofrecieron 4.000 plazas hace casi cuatro años. En aquel proceso, muchos candidatos aprobaron pero no obtuvieron plaza debido a la falta de vacantes. La nueva orden afirma que esas plazas se asignarán ahora, priorizando a quienes quedaron mejor posicionados. Sin embargo, la realidad es otra: listas manipuladas, nombres tachados y sustituidos a golpe de talonario, con el aval silencioso de los que deberían velar por la legalidad.

El artículo 39.1 de la Ley número 2/2014 sobre Funcionarios Civiles del Estado establece que “la selección del personal se basará en principios de igualdad, mérito y capacidad”. Pero en la práctica, estos principios han sido reemplazados por criterios económicos, nepotismo y clientelismo.

“En Guinea Ecuatorial, la ley está para decorar los boletines oficiales. Lo que cuenta es a quién conoces o cuánto puedes pagar”, afirma un exfuncionario del Ministerio de la Función Pública. “¿Para qué sirven los concursos si ya está todo vendido antes de empezar?”.

Los candidatos que han quedado fuera denuncian también que el proceso de recursos, abierto por solo cinco días hábiles, es una formalidad vacía. “¿A quién le vas a reclamar, si el que revisa tu recurso es parte del engranaje?”, cuestiona una joven licenciada que no logró plaza pese a haber aprobado en 2021.

Aunque el documento oficial exige a los seleccionados completar sus expedientes con títulos académicos, certificados de antecedentes y pruebas médicas, múltiples fuentes aseguran que ni siquiera se verifica esa documentación. “Solo depositas el sobre con el dinero y esperas. Nada más. Lo demás es teatro”, denuncia un funcionario interino que conoce el proceso desde dentro.

Este fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más descarado. En un país con un altísimo índice de desempleo juvenil y donde el empleo público es uno de los pocos caminos hacia la estabilidad económica, el sistema de compraventa de plazas ha convertido la administración en un negocio privado. Mientras tanto, miles de jóvenes preparados y sin recursos ven cómo su futuro es pisoteado por los vástagos de los mismos corruptos que gobiernan.

Un caso paradigmático fue el de Aquilina Mangue Evuna, conocida como Kivy Mangue, quien en su época como Secretaria de Estado Encargada de Extranjería, se adjudicó ocho becas para sus sobrinos para estudiar en China («No sabíamos que tenía tantos sobrinos»). Pero en Guinea Ecuatorial, la familia también se multiplica cuando hay privilegios de por medio. Este tipo de abusos son la norma, no la excepción.

La corrupción en los concursos públicos no solo deja sin oportunidades a quienes se las merecen. También perpetúa un sistema de mediocridad institucional donde las plazas las ocupan personas sin formación, sin vocación y sin compromiso. El daño es estructural, y sus consecuencias se ven cada día en hospitales mal gestionados, escuelas sin maestros preparados y oficinas públicas donde reina la negligencia.

“No se puede construir un Estado funcional con funcionarios comprados”, sentenció hace unos años un informe de Transparencia Internacional sobre Guinea Ecuatorial. Pero en Malabo, nadie escuchó.

Hoy, en lugar de garantizar el derecho al trabajo en condiciones de igualdad, el Gobierno alimenta un sistema donde lo público se privatiza a la sombra del clientelismo, la impunidad y el soborno.

La pregunta que flota en el aire es tan sencilla como brutal: ¿Cuánto vale tu futuro en Guinea Ecuatorial?
Y la respuesta, al parecer, ya tiene tarifa: 800.000 francos CFA.