La doble persecución de Ruslán Obiang en el «caso Ceiba» confirma la farsa judicial del régimen de Malabo

Según han informado a esta página fuentes presentes en la sala, el tercer y último día del juicio conocido mediáticamente como “caso Ceiba” ha dejado una imagen demoledora del sistema judicial guineoecuatoriano: la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado intentan castigar por segunda vez a Ruslán Obiang Nsue por los mismos hechos, mientras los verdaderos responsables del hundimiento de la aerolínea estatal siguen fuera de foco o incluso premiados con cargos de confianza.

No es la primera vez que el nombre de Ruslán aparece asociado a este escándalo. Esta página ya relató el desarrollo del juicio por la venta del ATR de Ceiba Intercontinental y la posterior sentencia dictada por la Audiencia Provincial, que le impuso una condena ejemplarizante y fue presentada por el régimen como prueba de su supuesta “mano dura” contra la corrupción. En aquel momento, ya se señaló que el proceso tenía más de circo político que de investigación seria, y que las grandes sombras del caso Ceiba quedaban intactas.

El origen formal de este nuevo capítulo está en la auditoría de tesorería ordenada en Ceiba: revisión de pagos efectuados a través de bancos, operaciones en efectivo y movimientos de la caja chica en el periodo auditado. Sobre el papel, se trataba de esclarecer operaciones pendientes y depurar responsabilidades. En la práctica, ha servido para formular acusaciones contra determinados ex directores generales y un ex director general adjunto, mientras se protege cuidadosamente al núcleo latro que ha controlado Ceiba desde su creación.

Fuentes nuestras insisten en que los nombres de los “eternos responsables” son de sobra conocidos: Tito Gariga, Marcelino Owono Edu, Bienvenido Esono Engonga y, en el centro de toda la trama, Bienvenido Ateba, histórico director financiero de la compañía. Durante años, Ateba estuvo al mando de la tesorería y por encima del departamento de contabilidad; si hoy faltan “piezas contables”, difícilmente puede alegar desconocimiento. Sin embargo, lejos de sentarse en el banquillo, ha sido recompensado con el cargo de director general adjunto de la Flota Presidencial y se ha convertido en testigo clave de la acusación.

La fiscalía ha construido buena parte de su relato a partir de sus declaraciones, mientras evita que se pronuncien ciertos apellidos en sala. Esta página ya había advertido, en artículos anteriores sobre el caso Ceiba y el ATR, que el régimen utilizaba el expediente para encubrir a quienes realmente manejaron contratos, aviones y cuentas, convirtiendo a Ruslán en el chivo expiatorio perfecto.

El punto más grave es la doble persecución. La misma Audiencia Provincial de Bioko Norte, Bioko Sur y Annobón que ya condenó a Ruslán por la venta del ATR y fijó cuantiosas responsabilidades civiles, se ve ahora llamada a juzgarle otra vez por los mismos hechos y el mismo periodo, bajo la etiqueta global del “caso Ceiba”. Su abogado ha recordado en sala que el procesado está cumpliendo “el 90 %” de la condena anterior, y que reabrir el castigo sobre los mismos hechos vulnera de forma frontal el principio de non bis in idem, pilar básico de cualquier sistema jurídico que merezca tal nombre.

A esta violación se suma una segunda: el uso arbitrario de la ley anticorrupción. Ruslán fue cesado de sus funciones en Ceiba en 2020, mientras que la Ley de Prevención y Lucha contra la Corrupción fue aprobada y sancionada en mayo de 2021. Aun así, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado insisten en aplicarle ese texto como si los hechos se hubieran producido bajo su vigencia, ignorando el principio de no retroactividad de la ley penal desfavorable. Las mismas fuentes señalan que, en cambio, este criterio sí se habría utilizado para favorecer a otros implicados, como Bienvenido Esono Engonga, cuya etapa al frente de la compañía se intenta dejar “fuera de rango” de la ley.

En la sala también se ha subrayado que Ceiba Intercontinental se rige por estatutos de sociedad mercantil, y que sus empleados y directivos no son funcionarios públicos en sentido estricto. Radio Macuto ya expuso en su momento que forzar la figura de “abuso de bienes públicos” sobre una empresa mercantil de capital estatal, sin una delimitación clara de responsabilidades ni una reconstrucción seria de la contabilidad, convierte la ley anticorrupción en un traje penal hecho a medida para castigar a unos y proteger a otros.

La pobreza del material probatorio presentado por la fiscalía ha terminado de alimentar la indignación. Según las fuentes consultadas, las “pruebas” se reducen a informes de la Gendarmería sin firma ni sello oficial, un informe de auditoría de Estado elaborado por agentes cuya cualificación técnica es cuestionada incluso dentro de la zona CEMAC, y las declaraciones de Ateba como testigo estrella. Nada de peritajes independientes, nada de trazabilidad exhaustiva de los fondos, nada de estados financieros reconstruidos con rigor. Para un caso que se vende al exterior como símbolo de la lucha anticorrupción, el andamiaje probatorio roza la caricatura.

Lo que se ha respirado en estos tres días en la Audiencia es, según quienes han seguido las sesiones, una sensación de dicotomía permanente: una fiscalía y una abogacía del Estado dispuestas a retorcer la ley hasta donde haga falta para cumplir órdenes, y una mesa de magistrados que oscila entre el intento de guardar apariencias y el riesgo de sumarse al ridículo. Las preguntas que se hacían muchos a la salida de la sala son crudas pero inevitables: ¿la justicia se ha convertido en un simple instrumento de caza de hombres? ¿Los tribunales son hoy un escenario de venganzas de clan y ocultación de complejos? ¿La maldad ha terminado por aniquilar la inteligencia jurídica en Guinea Ecuatorial?

Con la lectura de las conclusiones finales, la bola caliente pasa ahora a la mesa de la Audiencia Provincial de Bioko Norte, Bioko Sur y Annobón. Los magistrados tendrán que decidir si actúan como árbitros neutrales y aplican la ley basándose en los hechos realmente demostrados, respetando principios elementales como la no retroactividad y el non bis in idem, o si se suman a la ilegalidad impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, consumando la doble persecución contra Ruslán y sacrificando de nuevo a los más débiles.

Sea cual sea la sentencia que venga, hay algo que ya no se puede borrar: la doble persecución de Ruslán en el caso Ceiba confirma lo que se viene denunciando desde hace años. En Guinea Ecuatorial, la justicia no persigue a quienes hundieron una compañía pública y se quedaron con sus aviones; se ensaña con quienes el poder decide colocar en el patíbulo para salvaguardar la impunidad de siempre.