La realidad de la relación bilateral con los Estados Unidos de América

Ahondando en las fabulaciones del régimen

En el actual contexto de mutación sociológica de la subregión, anudada a la persistencia del subdesarrollo y de la pauperización generalizada, la demanda de libertad política y de justicia social resuena con mayor fuerza que nunca frente a tiranías obstinadas en perpetuarse desde hace medio siglo. Mientras Gabón inicia un frágil proceso de consolidación de su transición democrática, y Camerún atraviesa una inusitada crisis postelectoral tras la reconducción de Paul Biya (43 años en el poder), el régimen de Guinea Ecuatorial inicia una intensa campaña diplomática destinada a legitimar la inminente sucesión dinástica en el poder, al fin de perennizar una dictadura imperante desde hace 46 años (la más longeva del mundo). Una proyección antidemocrática que se pretende afianzar merced al respaldo militar del eje sino-ruso (al fin de impedir una improbable destitución por las fuerzas armadas nacionales) y de la consecutiva reconfiguración de los equilibrios geoestratégicos regionales.

La relación diplomática entre Guinea Ecuatorial y los Estados Unidos de América se caracteriza por tanto por el desacuerdo en torno al proyecto de base naval china de Bata. Frente al cual la parte guineoecuatoriana ha optado por desplegar una campaña propagandística destinada a simular la existencia de una quimérica convergencia de vistas. El régimen de Malabo ha tratado, a tal efecto, de instrumentalizar el encuentro entre el subsecretario de Estado Christopher Thomas, y el vicepresidente Teodorin (al margen de su reciente participación en las últimas reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas) para escenificar una simulada reconciliación diplomática con la nueva administración de Donald Trump. La cual está en las antípodas de una relación bilateral caracterizada en realidad por la desconfianza mutua.

El nuevo contexto de la relación bilateral: la oposición de los EE.UU a la cooperación militar entre Guinea Ecuatorial y China.

Anteriormente centrada en la lucha contra la influencia de la esfera comunista (encarnada por la antigua Unión Soviética, China, Corea del Norte y Cuba), la diplomacia norteamericana aboga desde entonces por el advenimiento del estado de derecho y de la democracia, frente a la persistencia del régimen liberticida y cleptocrático heredado de la anterior dictadura de Macias Nguema. Derivando una sucesión de desentendimientos que desembocan en la suspensión de la relación diplomática y el cierre de la embajada norteamericana de Malabo en 1995, hasta la reanudación de la relación bilateral y la consecutiva reapertura de la embajada en 2003 (favorecida por la presencia masiva de las empresas norteamericanas en la recién implantada industria petrolífera). Desde dicho periodo, la cuestión de la defensa del estado de derecho y de los derechos humanos ha quedado prácticamente relegada en un segundo plano de la relación bilateral, de contrario a la política implementada en otros países africanos (véase la última mini-cumbre organizada por el presidente Joe Biden sobre la democracia y las elecciones en Africa, a la que participan los presidentes Félix Tshisekedi de la RDC, Ali Bongo Ondimba de Gabon, George Manneh Weah de Liberia, Andry Nirina Rajoelina de Madagascar, Muhammadu Buhari de Nigeria, y Julius Maada Bio de Sierra Leona).  

Sin embargo, desde que el diario Wall Street Journal  revelara la existencia del proyecto de base naval china de Bata, la relación diplomática entre los EE.UU y el régimen dictatorial de Malabo se ha visto de nuevo afectada. En la medida en que la concreción del referido proyecto militar chino podria alterar los equilibrios geoestratégicos en el Atlántico (Balance of Power and American Security) y representar consecuentemente una amenaza directa para la seguridad interna de los EE.UU. A pesar de lo cual, aun cuando las protestas del gobierno de los EE.UU lograron obstruir la reactivación del referido proyecto de base naval, las mismas no han supuesto el cese de la cooperación militar entre China y el régimen de Malabo. La cual ha conocido una progresiva consolidacion, conforme se refleja en el « acuerdo de asociación estratégica integral de cooperación» suscrito por ambas partes. En reafirmación de la excepción de soberanía frente a lo que considera el « diktat » norteamericano, la tiranía de Obiang ha suscrito igualmente un acuerdo de reforzamiento de la cooperación militar con Rusia (relativo al grupo de mercenarios de Africa Corp) destinado a afianzar el inminente pre posicionamiento militar chino en Guinea Ecuatorial y la materialización de la transmisión dinástica del poder.

La descrita actitud desafiante del régimen se ha confirmado con el inicio de la construcción de una refinería modular anexa al emplazamiento de la base naval china, a cuya culminación parece supeditarse la inauguración de la misma, y a la que se destinaran los activos petroleros adquiridos por China en nuestro País (asignación del 50% de la producción nacional en virtud del convenio de liquidación de cuentas y financiación, adquisición de nuevos activos en el bloque C-1, etc.). Toda vez que, siguiendo el conocido patrón de actuación enmarcado en la estrategia naval china de control de las rutas marítimas, hasta tanto se hagan efectivos los compromisos adquiridos en virtud del « acuerdo de asociación estratégica integral de cooperación» suscrito con Guinea Ecuatorial, la futura base naval china de Bata podría destinarse inicialmente a la formación de fuerzas navales regionales (sustituyendo a la escuela naval de Tica gestionada por Francia) o reconvertirse en un astillero para el mantenimiento y la reparación de navíos militares (una estrategia de disimulación que ya fue experimentada en Camboya, en la base naval de Ream).

En efecto, frente a las presiones diplomáticas de los EE.UU, el tirano Obiang pretendería apostar por la irreversibilidad del expansionismo militar chino, del que deriva su estrategia naval de control de las rutas marítimas. En virtud de ésta, China invierte y explota una multitud de puertos y terminales comerciales por el mundo, los cuales ejercen una función militar encubierta. Cual es proveer la capacidad de interferir y servir de apoyo logístico a eventuales operativos militares ofensivos contra los EE.UU. Desde dicha visión, y mientras proyecta asentar nuevas varias bases navales con acceso al océano indico (tras Yibuti, Mozambique y Tanzania), China ha seguido reforzando su presencia en toda la fachada atlántica africana a través, no solo de acuerdos de cooperación militar estratégica (Guinea Ecuatorial, Gabón, etc), sino de la construcción de puertos en Ghana (en las ciudades de Tema y Takoradi), en Senegal (puerto de Dakar), en Togo (puerto de Lomé), en Angola (puerto de Luanda), etc.

Derivando consecuentemente una inconciliabilidad de intereses diplomáticos entre el régimen de Malabo (aferrado a la cooperación militar estratégica con China) y el gobierno de los EE.UU (comprometido con la defensa de sus intereses geoestratégicos y su seguridad interna). Una « impasse » diplomática reflejada a través de las misiones de protesta destacadas ante el dictador Obiang, y conferidas a eminentes personalidades como David Samuel Cohen (subdirector de la CIA), Anthony Tata (subsecretario de Defensa ), Jon Finer (vice-consejero de seguridad nacional), Molly Phee (subsecretaria de Estado para asuntos africanos), el general de división Kenneth Ekman (director del programa AFRICOM), Judd Devermont (asesor especial en estrategia para África del Consejo de Seguridad Nacional), etc.

Una relación bilateral enmarcada en el retroceso de los intereses norteamericanos en Guinea Ecuatorial.

La engañosa campaña comunicacional desplegada por el régimen (en torno al viaje de Teodorin en los EE.UU) incide asimismo en el anuncio de futuras y pletóricas inversiones norteamericanas en el sector petrolífero y gasístico nacional, en referencia al compromiso recientemente adquirido por la firma Chevron de respaldar el proyecto « Gas Mega Hub ». Meras afirmaciones propagandísticas que participan del propósito de ocultación de la deserción de las firmas norteamericanas del offshore nacional, motivada por la extrema inseguridad jurídica y la imprevisibilidad de la situación política. En efecto, las “majors” Amarada Hess y Exxon Mobil se retiraron del País, respectivamente, en enero de 2017 y en septiembre de 2024 (creando un efecto domino entre la subcontrata). Desde entonces, la dictadura ha iniciado una azarosa nacionalización de los bloques de referencia, asociando a Gepetrol (actualmente en negociación con Schlumberger para suplir su propia inoperancia) a los nuevos operadores (Trident Energy, Kosmos Energy, Chevron). Lo cual no ha logrado revertir la alarmante declinación del nivel de producción del País (menos de 100.000 bpd desde 2020) ante la falta de inversión para la exploración de nuevos bloques. Recientes informes (Panoro Energy, Europa Oil & Gas, etc) rinden cuenta, a tal efecto, del agotamiento de los bloques y del cese en la producción, por tanto, de la urgente necesidad de incentivación de la inversión para revitalizar el sector, única fuente de ingreso del País ante el estrepitoso fracaso de la política de diversificación económica. 

En tal sentido, y obviando el voluntarismo de Chevron (una firma asociada al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela), no se concreta ninguna promesa de inversión en el sector (Trafigura, Lukoil, ENI, etc) y la perspectiva de implantación de nuevos operadores norteamericanos es simplemente irrealista (de contrario, Chevron, Vaalco y Exxon Mobil realizan actualmente inversiones en el offshore  gabonés). Las reiteradas rondas de licitación (como la anunciada para 2025-2026) suscitan escepticismo ante la reseñada inseguridad jurídica y el historial corruptivo del régimen (volatilización de la renta petrolera y de los ingresos fiscales derivados de la misma). En tal sentido, a raíz del reciente encuentro entre Teodorin (durante su periplo americano) y una representante de la Cámara de Comercio de los EE.UU, Kendra L. Gaither, el régimen habría sido invitado a acometer reformas para mejorar el clima de los negocios (para pretender acoger inversiones privadas norteamericanas).

Sin embargo, aun cuando se produjera una hipotética afluencia de capital norteamericano en el offshore nacional, la misma no contribuiría a revertir el distanciamiento diplomático entre los dos países. El citado ejemplo de Chevron en Venezuela ilustra precisamente la asimetría entre los intereses comerciales y las proyecciones geoestratégicas de los EE.UU. De tal forma que en el transcurso de la cumbre EE.UU-África organizada el pasado mes de julio (a la que solo fueron invitados los jefes de Estado de Suráfrica, Senegal, Mauritania, Guinea-Bisao, Liberia y Gabón), el presidente Donald Trump definió como objetivo prioritario de su País, contrarrestar el hegemonismo económico chino (China es el primer socio comercial del continente) y la implantación militar rusa a través de los mercenarios del grupo Afrika Corp. Lo cual se llevaría a efecto mediante acuerdos de inversión en sectores estratégicos (minería) y de cooperación en materia de defensa y seguridad.  

La exclusión del régimen de Malabo de la referida cumbre corrobora la relegación de la relación bilateral a la única gestión de la crisis diplomática ligada al tan citado proyecto militar chino en nuestro País. Con anterioridad, durante la precedente cumbre empresarial África-EE.UU celebrada en Angola el pasado mes de junio, Guinea Ecuatorial (representada por el primer ministro Manuel Osa Nsue) fue, en tal sentido, excluida de la ronda de encuentros bilaterales con el embajador Troy Fitrell (jefe de la Oficina de Asuntos Africanos) y con Massad Boulos (asesor para África del presidente Donald Trump). Relevándose que el mismo tirano Obiang nunca accedió a mantener un encuentro bilateral con su homólogo estadounidense, si bien se ha entrevistado una vez con la secretaria de Estado Condoleezza Rice (el 12 de abril de 2006). Siendo su interlocutor habitual la subsecretaria de Estado para asuntos africanos, en la que ha sido recibido en 2003 por Walter Kansteiner, y en 2017 por Stepanie S. Sullivan, mientras que Teodorin fue recibido por Christopher Thomas, con el que alcanzó un acuerdo sobre deportación de inmigrantes ilegales a Guinea Ecuatorial (reprobado por la opinión publica).

Más allá de las expuestas incertidumbres diplomáticas, la colaboración entre la subsecretaria de Estado para asuntos africanos y el régimen de Malabo se enmarca en las exigencias de la política del « Law Enforcement » frente al historial delictivo de la familia Obiang en los EE.UU, el cual plantea cuestionamientos de índole legal. A raíz del acuerdo suscrito por Teodorin con el ministerio de justicia de los EE.UU en 2014, tras la confiscación de bienes de su propiedad valorados en más de 30 millones de dólares, adquiridos mediante blanqueo de fondos públicos. Un esquema delictivo confirmado por el informe del Senado americano sobre el Riggs Bank, referido a la trama de blanqueo de fondos públicos (por valor de más de 2 billones usd) a través de pagos efectuados por firmas petroleras americanas (ExxonMobil Corporation, Marathon Oil Company, CMS) en cuentas abiertas en la referida entidad bancaria a nombre de la Tesorería General de la República de Guinea Ecuatorial, y de multiples empresas nacionales, Ecuatoguineana de Aviación, GEPetrol, Abayak S.A., Mobil Oil Equatorial Guinea, OTONG S.A., AWAKE LTD, Grupo Sofana y Somagui Forestal, SONAVI, NUSITELES, GEOCAM, KALUNGA, APEXSIDE, West African Navigator Ltd, etc.

A pesar de la impunidad propiciada por los referidos acuerdos extra-judiciales concertados con el ministerio público norteamericano, por la levedad de la condena pronunciada contra Teodorin por los tribunales franceses, así como por la subordinación política del poder judicial nacional (que determina la imposibilidad de iniciación de acciones legales), los referidos delitos continuados de malversación y de blanqueo de fondos públicos merecen sin embargo la reprobación unánime de todas las instancias internacionales (véase a tal efecto el reciente pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia). Por su parte, y en cuanto a los crímenes y delitos perpetrados en aras de la proscripción de la libertad política, un reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo español (relativo a la querella presentada por el MLGE 3R contra Carmelo Ovono Obiang) ha puesto de manifiesto la implicación del régimen guineoecuatoriano en una trama internacional de terrorismo de Estado contra la disidencia política (secuestros, tortura, asesinatos, etc.).

En fe de lo anterior y para epilogar,

La longeva dictadura guineoecuatoriana ha mantenido relaciones diplomáticas con varias generaciones de POTUS (Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Busch, Bill Clinton, George Busch jr, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden, Donald Trump 2). Mientras éstas se suceden, el dictador Obiang nunca ha sido ungido por el sufragio universal, accedió mediante golpe de estado y se aferra mediante golpe de estado constitucional y fraude electoral. Una incuestionable realidad consignada en sendos comunicados del departamento de Estado norteamericano y en los informes anuales de la embajada de Malabo (a colación de los de las agencias de las Naciones Unidas y de prestigiosas OINGs). Los cuales recopilan las violaciones sistemáticas de derechos humanos y la malversación de fondos públicos que caracterizan a la dictadura imperante en Guinea Ecuatorial desde hace 46 años. La cual, merced a su alianza militar con el eje ruso-chino y con los carteles de droga venezolanos, se ha resuelto a desafiar al gobierno de los Estados Unidos de América. Por tanto y en definitiva, más que en 1995, motivos suficientes para suspender la relación bilateral hasta tanto se restablezca el estado de derecho en Guinea Ecuatorial.