Malabo anuncia control financiero mientras el dinero público sigue sin control

Según un comunicado difundido por el PDGE, el Gobierno se reunió esta semana en Malabo II para “estudiar mecanismos de control financiero y fiscal” destinados a reforzar la disciplina presupuestaria y la transparencia del gasto público. Pero la ambigüedad del anuncio y la falta de nombres, plazos o responsabilidades concretas hacen pensar que se trata de otro ejercicio de cosmética institucional en un país donde la opacidad es la norma y la impunidad la única garantía estable.

El comunicado, fechado el 28 de octubre, menciona dos supuestos borradores: uno sobre el “Control Financiero Universal del Gasto Público” y otro para la creación de un “Comité de Política y Sostenibilidad Fiscal”. Ni el texto precisa quién redactó los documentos ni ofrece detalles sobre su contenido, ni mucho menos explica bajo qué marco legal se aplicarán o qué organismo los supervisará. El Gobierno asegura que habrá una nueva sesión “para perfeccionar los instrumentos”, pero no da fecha, no menciona responsables y, como siempre, el resultado depende de la voluntad del poder absoluto que lo controla todo.

En otras palabras: el régimen promete controlarse a sí mismo.

En un país donde la llamada Corte de Cuentas no ha publicado un informe en años y donde las auditorías externas son inexistentes, el anuncio suena más a una maniobra de imagen que a una reforma real. Si el Gobierno realmente quisiera hablar de transparencia, publicaría el contenido íntegro de esos borradores, los nombres de quienes los elaboraron, los plazos de aplicación y, sobre todo, las sanciones previstas para quienes malversen o manipulen fondos públicos.

Guinea Ecuatorial figura entre los países más corruptos del mundo según Transparencia Internacional, con una puntuación de apenas 13 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024. No existe registro público de contratos ni un portal de transparencia que permita saber quién se beneficia del gasto estatal. Los grandes contratos se reparten en la sombra, entre familiares, testaferros y empresas creadas al calor del poder. Lo que hoy se presenta como “control financiero universal” bien podría ser una nueva herramienta para concentrar aún más la información en manos de quienes precisamente deberían ser investigados.

El comunicado del PDGE evita mencionar el papel del Ministerio de Hacienda y del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, organismos donde históricamente se concentran las fugas y desvíos de fondos públicos. Tampoco hay una sola referencia a auditorías independientes ni a participación de la sociedad civil. En cambio, se habla de “mecanismos” y “perfeccionamientos”, palabras vacías que el régimen repite cada vez que intenta convencer a organismos internacionales de que avanza hacia la buena gobernanza.

No sería la primera vez que el Gobierno de Malabo anuncia reformas para calmar la desconfianza de sus socios financieros. Lo mismo ocurrió con la llamada Estrategia Nacional Anticorrupción, aprobada en 2021, que jamás fue aplicada ni generó una sola sanción. Tres años después, el país sigue sin un sistema de rendición de cuentas, sin protección a denunciantes y sin un solo funcionario de alto rango procesado por corrupción.

Mientras tanto, los escándalos se acumulan. Las investigaciones sobre los desvíos de fondos del proyecto de Televisión Digital Terrestre, los contratos inflados del Ministerio de Obras Públicas, las fortunas ocultas en Europa y los pagos sin justificar en cuentas del exterior revelan que el dinero público sigue fluyendo sin freno, bajo la mirada complaciente de un aparato estatal más preocupado por castigar la crítica que por corregir el despilfarro.

Desde Radio Macuto hemos formulado abiertamente las preguntas que cualquier ciudadano responsable haría:

¿Quiénes integran el Comité de Política y Sostenibilidad Fiscal? ¿Serán públicos sus nombres y currículos?

¿Qué sanciones concretas se aplicarán a los responsables de malversación?

¿Se publicarán los borradores completos para consulta ciudadana?

¿Habrá auditorías externas e independientes?

¿Existirá algún mecanismo real para proteger a quienes denuncien corrupción?

Aunque sabemos que nunca tendremos las respuestas, las hemos hecho abiertamente, porque el silencio del poder también habla y, en Guinea Ecuatorial, suele decirlo todo.

El Gobierno debe entender que el control financiero no se decreta, se demuestra. Y hasta hoy, lo único que se ha demostrado es que la transparencia no cabe en un régimen que confunde el Estado con la familia y el dinero público con su caja privada.